Plantean hasta ocho años de prisión en contra de quien explote, comercialice y negocie agua potable sustraída de la infraestructura hidráulica.
Con la intención de combatir las tomas clandestinas, el robo y comercialización del agua potable en el Estado de México, el diputado Daniel Andrés Sibaja González presentó reformas al Código Penal para sancionar con penas de dos a seis años de prisión a quien sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de las y los usuarios de dicho servicio, en tanto que podrían ser de hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
Asimismo, propone imponer de uno a tres años de prisión a quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal y/o municipal, para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios conforme a la ley en materia del Estado.
Cabe decir que su disposición es limitada, como Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan, además, plantea sanciones en contra de quien, sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios señalados en la ley en la materia, posea, explote, comercialice y negocie agua potable sustraída de la infraestructura hidráulica.
Estas conductas se sancionarán con penas de uno a ocho años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de 10 mil, mientras que al propietario, arrendatario o poseedor de algún predio donde exista una toma clandestina y no la denuncie se le impondrán de dos a seis años de prisión.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos.
Proponen que administraciones municipales inicien funciones en octubre
En otro momento, el diputado Max Agustín Correa Hernández propuso que entren en funciones el 1 de octubre posterior a la elección y concluyan el 30 de septiembre del año de la siguiente elección.
El legislador argumentó que los casi seis meses existentes entre la elección y el inicio de funciones de los ayuntamientos frena la coordinación con los otros gobiernos municipales, los congresos federal y local, y sus homólogos de las alcaldías de la Ciudad de México y otras entidades federativas, así como para proporcionar los servicios públicos que requiere la ciudadanía.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México será analizada por las comisiones de Legislación y Administración Municipal y Electoral y Desarrollo Democrático.
Asimismo, propone imponer de uno a tres años de prisión a quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal y/o municipal, para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios conforme a la ley en materia del Estado.
Cabe decir que su disposición es limitada, como Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan, además, plantea sanciones en contra de quien, sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios señalados en la ley en la materia, posea, explote, comercialice y negocie agua potable sustraída de la infraestructura hidráulica.
Estas conductas se sancionarán con penas de uno a ocho años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de 10 mil, mientras que al propietario, arrendatario o poseedor de algún predio donde exista una toma clandestina y no la denuncie se le impondrán de dos a seis años de prisión.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos.
Proponen que administraciones municipales inicien funciones en octubre
En otro momento, el diputado Max Agustín Correa Hernández propuso que entren en funciones el 1 de octubre posterior a la elección y concluyan el 30 de septiembre del año de la siguiente elección.
El legislador argumentó que los casi seis meses existentes entre la elección y el inicio de funciones de los ayuntamientos frena la coordinación con los otros gobiernos municipales, los congresos federal y local, y sus homólogos de las alcaldías de la Ciudad de México y otras entidades federativas, así como para proporcionar los servicios públicos que requiere la ciudadanía.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México será analizada por las comisiones de Legislación y Administración Municipal y Electoral y Desarrollo Democrático.
