El GPPVEM estatal fomentará de forma obligatoria un seguro de viajero a cargo del Estado para víctimas de la delincuencia en el transporte público y que el pago lo reciban de manera inmediata.
Con la intención de dar solución a los altos índices de delincuencia en el transporte público colectivo en el Estado de México, que lo colocan como el más inseguro del país en estos espacios, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el estado presentará la propuesta de garantizar un seguro de viajero a cargo del estado a favor de las víctimas y mayores penalidades para estos criminales.
“Es una obligación del estado brindar seguridad a la ciudadanía y garantizar un servicio de transporte público integral, seguro y de calidad, lamentablemente, los fenómenos antisociales los han rebasado, lo cual afecta directamente a los mexiquenses quienes en manos de estos criminales la ciudadanía se queda en el total desamparo, perdiendo sus bienes adquiridos con el sudor de su frente”, destacó José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del partido.
Compartió que comúnmente ante estos sucesos se contratan aseguradoras ajenas al estado, y solo se alcanza la cobertura de algunos bienes, además de que los concesionarios no son corresponsables con la seguridad de los usuarios.
La propuesta contempla un seguro a cargo del Estado en coordinación con las concesionarias para proteger y amparar a usuarios y conductores víctimas de violencia recibiendo el pago de lo robado, sin mayor dilatación. Señaló, también que es fundamental involucrar a dichas concesionarias y que se convierta en obligación que cuenten con fondos para garantizar su existencia.
Además, señaló que incluye el aumento de las penalidades de 18 a 25 años de prisión para los responsables de estos actos ya que actualmente reciben de 12 a 18 años. De igual forma, incrementar las multas de 3 a 5 veces el valor de lo robado pues, actualmente, únicamente se establece de una a 3 veces.
‘’La iniciativa que presentamos, busca que el Estado asuma una función garantista, ya que, si no puede darle cabal cumplimiento a la seguridad, por lo menos debe ser reparador del daño a través de un seguro para los usuarios que se ven afectados por la delincuencia que asecha a los usuarios del transporte público’’, aseguró.
Por último, Couttolenc Buentello afirmó que el objetivo con éste es beneficiar a todo usuario y conductor del servicio de transporte público mexiquense, que sea garantista para que el Estado reponga cuando menos una parte del patrimonio del que sufrió menoscabo el ciudadano y que sea un procedimiento de trámite ágil y de requisitos simples para que los ciudadanos accedan a él de manera inmediata.
“Es una obligación del estado brindar seguridad a la ciudadanía y garantizar un servicio de transporte público integral, seguro y de calidad, lamentablemente, los fenómenos antisociales los han rebasado, lo cual afecta directamente a los mexiquenses quienes en manos de estos criminales la ciudadanía se queda en el total desamparo, perdiendo sus bienes adquiridos con el sudor de su frente”, destacó José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del partido.
Compartió que comúnmente ante estos sucesos se contratan aseguradoras ajenas al estado, y solo se alcanza la cobertura de algunos bienes, además de que los concesionarios no son corresponsables con la seguridad de los usuarios.
La propuesta contempla un seguro a cargo del Estado en coordinación con las concesionarias para proteger y amparar a usuarios y conductores víctimas de violencia recibiendo el pago de lo robado, sin mayor dilatación. Señaló, también que es fundamental involucrar a dichas concesionarias y que se convierta en obligación que cuenten con fondos para garantizar su existencia.
Además, señaló que incluye el aumento de las penalidades de 18 a 25 años de prisión para los responsables de estos actos ya que actualmente reciben de 12 a 18 años. De igual forma, incrementar las multas de 3 a 5 veces el valor de lo robado pues, actualmente, únicamente se establece de una a 3 veces.
‘’La iniciativa que presentamos, busca que el Estado asuma una función garantista, ya que, si no puede darle cabal cumplimiento a la seguridad, por lo menos debe ser reparador del daño a través de un seguro para los usuarios que se ven afectados por la delincuencia que asecha a los usuarios del transporte público’’, aseguró.
Por último, Couttolenc Buentello afirmó que el objetivo con éste es beneficiar a todo usuario y conductor del servicio de transporte público mexiquense, que sea garantista para que el Estado reponga cuando menos una parte del patrimonio del que sufrió menoscabo el ciudadano y que sea un procedimiento de trámite ágil y de requisitos simples para que los ciudadanos accedan a él de manera inmediata.
