El expediente se tramita de oficio, después de que en redes sociales se conocieron los hechos ocurridos presumiblemente en la región norte de la entidad.
El organismo comenzó las indagatorias a fin de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos. Esta Defensoría de Habitantes, solicitó informes de ley tanto a la PGJEM como a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social estatal; ambas instituciones tienen un plazo de cinco días para entregar los datos requeridos.
Lo anterior, como parte de las acciones que lleva a cabo el organismo público autónomo para prevenir y señalar tratos crueles, inhumanos o degradantes, sancionados por las leyes locales, nacionales e internacionales.