El gobierno del Edoméx hace caso omiso a denuncias
Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales del pueblo Tlahuica de San Juan Atzingo denunciaron que en los últimos tres años, los grupos dedicados a la tala clandestina ya devastaron 5 mil hectáreas de bosque del municipio de Ocuilan, Estado de México.
Por ello, exigen al gobierno federal instale una base mixta de la Guardia Nacional, ya que la comunidad indígena se encuentra secuestrada por los talamontes; quienes ya también atentan contra la seguridad de los turistas y peregrinos que viajan por la carretera Santa Martha-Cuernavaca.
Advirtieron que la tala clandestina, ya provocó que el pasado 28 y 29 de septiembre -con el paso de la tormenta tropical Narda- más de 4 kilómetros de bosque del Parque Nacional Lagunas de Zempoala se desgajara, ocasionando el cierre total de esta área natural protegida que hoy se encuentra devastada.
Detallaron que pese a las denuncias del pueblo indígena, el gobierno del estado de México sigue sin hacer frente a estos grupos delictivos que están dejando sin árboles y sin fuentes de agua a la comunidad.
Diariamente más de 400 árboles de la especie oyamel y pino son cortados del bosque de Ocuilan y llevados a aserraderos del Estado de México, sin que hasta el momento ninguna autoridad tanto estatal como federal quiera hacer frente a estos grupos que están acabando con uno de los pulmones más importantes de la zona.
El pueblo Tlahuica de San Juan Atzingo, precisó que la tala clandestina deja a los talamontes más de 3 millones de pesos a la semana, por lo que se ha convertido en un atractivo de ingreso para los jóvenes.
Ante ello, exhortan al gobierno federal incorporarlos al programa de Sembrando Vida y hacen un llamado al gobierno del estado de México para aplicar todo el peso de la ley sobre estos grupos que tienen secuestrado al municipio y a la comunidad Tlahuica.
Asimismo, denunciaron el despojo de tierras que pretende hacer la magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 9 con sede en Toluca, Aracelí Cubillas Melgarejo para beneficiar a Saúl Peñaloza, quien desde hace 35 años se ostenta como representante de la comunidad, pese a que el 20 de julio del 2007 el mismo tribunal entregó al pueblo Tlahuica 18 mil 854 hectáreas, que hoy están siendo devastadas por los talamontes.
"El Tribunal Unitario agrario se niega a respetar los dictámenes del Cuerpo Consultivo Agrario, documento que avala y reconoce la paleografía que declara la autenticidad y el dictamen jurídico para el reconocimiento de tierras a nuestra comunidad indígena", concluyeron.
Por ello, exigen al gobierno federal instale una base mixta de la Guardia Nacional, ya que la comunidad indígena se encuentra secuestrada por los talamontes; quienes ya también atentan contra la seguridad de los turistas y peregrinos que viajan por la carretera Santa Martha-Cuernavaca.
Advirtieron que la tala clandestina, ya provocó que el pasado 28 y 29 de septiembre -con el paso de la tormenta tropical Narda- más de 4 kilómetros de bosque del Parque Nacional Lagunas de Zempoala se desgajara, ocasionando el cierre total de esta área natural protegida que hoy se encuentra devastada.
Detallaron que pese a las denuncias del pueblo indígena, el gobierno del estado de México sigue sin hacer frente a estos grupos delictivos que están dejando sin árboles y sin fuentes de agua a la comunidad.
Diariamente más de 400 árboles de la especie oyamel y pino son cortados del bosque de Ocuilan y llevados a aserraderos del Estado de México, sin que hasta el momento ninguna autoridad tanto estatal como federal quiera hacer frente a estos grupos que están acabando con uno de los pulmones más importantes de la zona.
El pueblo Tlahuica de San Juan Atzingo, precisó que la tala clandestina deja a los talamontes más de 3 millones de pesos a la semana, por lo que se ha convertido en un atractivo de ingreso para los jóvenes.
Ante ello, exhortan al gobierno federal incorporarlos al programa de Sembrando Vida y hacen un llamado al gobierno del estado de México para aplicar todo el peso de la ley sobre estos grupos que tienen secuestrado al municipio y a la comunidad Tlahuica.
Asimismo, denunciaron el despojo de tierras que pretende hacer la magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 9 con sede en Toluca, Aracelí Cubillas Melgarejo para beneficiar a Saúl Peñaloza, quien desde hace 35 años se ostenta como representante de la comunidad, pese a que el 20 de julio del 2007 el mismo tribunal entregó al pueblo Tlahuica 18 mil 854 hectáreas, que hoy están siendo devastadas por los talamontes.
"El Tribunal Unitario agrario se niega a respetar los dictámenes del Cuerpo Consultivo Agrario, documento que avala y reconoce la paleografía que declara la autenticidad y el dictamen jurídico para el reconocimiento de tierras a nuestra comunidad indígena", concluyeron.
