El proceso de selección de aspirantes a posiciones en el Poder Judicial Federal a través de los comités de selección de cada uno de los poderes, basados en una convocatoria con lagunas, motivó que se advirtiera insistentemente que no había un blindaje suficiente para garantizar la mayor idoneidad de los elegibles, menos para evitar que se colaran a las boletas personajes con vínculos o antecedentes indeseables, desde un historial delictivo o hasta ser empleado de un grupo criminal.

Formalmente hay hasta hoy 26 candidaturas impugnadas ante el INE por las cámaras de Diputados y Senadores, pero lamentablemente le están dejando al instituto electoral como al Tribunal un reto de pronóstico reservado, pues si dichas personas cumplieron con los criterios de proceso de selección y no están legalmente condenados ni impedidos para ser elegibles, ¿con base en qué criterio los podrían marginar? Veremos. Ojalá no se deje un precedente que se acabe por lamentar.

Más allá de éste que dicen es un grupo muy pequeño en proporción al universo de aspirantes, lo indeseable es que otros casos no se evidencien a tiempo tanto en el proceso federal como en los locales, o que por alguna antipatía personal a alguien se acabe por descalificar, si abren esa puerta. Los creadores de este margallate no se hacen cargo de nada. ¿Se harán cargo de pensar en la ya necesaria reforma de la reforma? ¿A alguno le habrá retumbado en la cabeza la propuesta del expresidente Ernesto Zedillo de frenar la reforma para retrabajarla como se debe? Ojalá.