Muchas personas han dejado sus negocios o empresas en otros tiempos redituables, particularmente en el sur mexiquense,  pues se han visto no solo abrumados, sino incapaces de continuar pagando las extorsiones y los “impuestos” que cobran organizaciones criminales por desarrollar su actividad, menos de desafiar el acecho y las amenazas en caso de no cumplir con sus contribuciones.

Guste o no, no nos queda ante eso más que confiar e insistir que las autoridades sean ágiles y contundentes para reducir esas expresiones criminales, así parezca que pecamos de ilusos. Confiar y presionar que la depuración y la renovación de personal en ministerios públicos y policías ministeriales que está impulsando el Fiscal José Luis Cervantes no se vicie y culmine exitosamente.

Asimismo, exigir que las reformas propuestas por el mismo fiscal ante la legislatura para tipificar como delito las alteraciones de los mercados por individuos que imponen con amenazas precios y canales de suministro, sean analizadas e impulsadas sin demora, para reducir la impunidad.

Confiar que sea buena señal que el fiscal reconozca sin ambigüedades las extorsiones que enfrentan ediles en los ayuntamientos mexiquenses e incluso el acecho que sufren familiares de migrantes que suelen recibir remesas de dólares. Los problemas están ahí. Las nuevas estrategias para frenarlos ya no pueden demorar ni tampoco intentar remitirlos a otros niveles de gobierno, pues eso será un fracaso generalizado. Ojalá nos den más elementos para confiar que trabajan en el remedio. Ya hemos perdido mucho.