Mientras la sociedad se vuelca en la discusión sobre la reforma electoral y el destino del Instituto Nacional Electoral, el Congreso federal aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.
Dicho presupuesto plantea un gasto de casi 8.3 billones de pesos de los cuales 1.1 se destinará al pago de la deuda externa, lo que de entrada ya refleja uno de los impactos directos que tiene el incremento en las tasas de interés en México y el mundo, ya que al elevarse estas también se encarece el costo del financiamiento.
De los 7.2 billones de pesos restantes, el presupuesto se divide en dos grandes rubros, aquello que si o si se debe de pagar, definido como el presupuesto no programable que absorbe el 28.2% del total de los recursos disponibles y el gasto programable que es aquel con el que el gobierno puede jugar, ajustar, reorientar y demás, monto que asciende a casi 6 billones de pesos.
No hubo muchas sorpresas, a pesar de las más de 2 mil reservas hechas por los legisladores de todos los partidos, los ajustes en la propuesta enviada por el Secretario de Hacienda casi fueron testimoniales.
Valdrá la pena poner muchísima atención en los más de 414 mil millones de pesos que obtendrá la Secretaría de Bienestar, en su inmensa mayoría para el mantenimiento y crecimiento de los programas sociales, que para el 2023 será de más del 34% y que considerando que habrán de disputarse dos gubernaturas, principalmente la del Estado de México, la joya de la corona electoral que contiene casi 12.5 millones de electores, no es de extrañarse que el presupuesto social crezca de forma considerable.
Mención aparte tiene el presupuesto destinado al pago de pensiones para el 2023, con un monto superior al billón de pesos que anticipa serias preocupaciones para el próximo sexenio que deberá ser mucho más creativo en la integración de sus ingresos si quiere sostener el avance del cambio poblacional.
Como ya se mencionó, hubo más de 2,000 reservas al contenido del presupuesto, de las cuáles solo fueron admitidas 4 por Morena, un recorte presupuestal de poco más de 1,000 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal para que sean destinados al fondo para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, un incremento en el presupuesto del programa La escuela es nuestra para ampliar el número de escuelas que se integran a la ampliación del horario escolar que pasaría de los escasos 350 millones de pesos que tiene destinados en el 2022 a los poco más de 13 mil millones de pesos para el 2023.
Finalmente, un polémico ajuste para que los subejercicios reportados por entidades y municipios y que deban ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, sean destinados a la construcción de infraestructura social básica (sin definir específicamente a que rubros) previa negociación, como en antaño.
A reserva de ir ampliando la información en las próximas columnas, debemos detenernos a analizar las diferencias existentes entre el presupuesto que espera obtener el Gobierno y lo que desea gastar, ya que la ley de ingresos fue aprobada por 7 billones 123 mil millones, mientras que los gastos propuestos suman casi 8.3 billones, esa diferencia de 1.1 billones de pesos es prácticamente el incremento presupuestal en el 2023, por lo que, como siempre, de hacer ajustes adversos el entorno y su caprichoso andar, veremos que partes del presupuesto programable sufrirán la tijera a lo largo del año.
Cynthia Valeriano López.
Profesora de Economía del Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
Dicho presupuesto plantea un gasto de casi 8.3 billones de pesos de los cuales 1.1 se destinará al pago de la deuda externa, lo que de entrada ya refleja uno de los impactos directos que tiene el incremento en las tasas de interés en México y el mundo, ya que al elevarse estas también se encarece el costo del financiamiento.
De los 7.2 billones de pesos restantes, el presupuesto se divide en dos grandes rubros, aquello que si o si se debe de pagar, definido como el presupuesto no programable que absorbe el 28.2% del total de los recursos disponibles y el gasto programable que es aquel con el que el gobierno puede jugar, ajustar, reorientar y demás, monto que asciende a casi 6 billones de pesos.
No hubo muchas sorpresas, a pesar de las más de 2 mil reservas hechas por los legisladores de todos los partidos, los ajustes en la propuesta enviada por el Secretario de Hacienda casi fueron testimoniales.
Valdrá la pena poner muchísima atención en los más de 414 mil millones de pesos que obtendrá la Secretaría de Bienestar, en su inmensa mayoría para el mantenimiento y crecimiento de los programas sociales, que para el 2023 será de más del 34% y que considerando que habrán de disputarse dos gubernaturas, principalmente la del Estado de México, la joya de la corona electoral que contiene casi 12.5 millones de electores, no es de extrañarse que el presupuesto social crezca de forma considerable.
Mención aparte tiene el presupuesto destinado al pago de pensiones para el 2023, con un monto superior al billón de pesos que anticipa serias preocupaciones para el próximo sexenio que deberá ser mucho más creativo en la integración de sus ingresos si quiere sostener el avance del cambio poblacional.
Como ya se mencionó, hubo más de 2,000 reservas al contenido del presupuesto, de las cuáles solo fueron admitidas 4 por Morena, un recorte presupuestal de poco más de 1,000 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal para que sean destinados al fondo para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, un incremento en el presupuesto del programa La escuela es nuestra para ampliar el número de escuelas que se integran a la ampliación del horario escolar que pasaría de los escasos 350 millones de pesos que tiene destinados en el 2022 a los poco más de 13 mil millones de pesos para el 2023.
Finalmente, un polémico ajuste para que los subejercicios reportados por entidades y municipios y que deban ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, sean destinados a la construcción de infraestructura social básica (sin definir específicamente a que rubros) previa negociación, como en antaño.
A reserva de ir ampliando la información en las próximas columnas, debemos detenernos a analizar las diferencias existentes entre el presupuesto que espera obtener el Gobierno y lo que desea gastar, ya que la ley de ingresos fue aprobada por 7 billones 123 mil millones, mientras que los gastos propuestos suman casi 8.3 billones, esa diferencia de 1.1 billones de pesos es prácticamente el incremento presupuestal en el 2023, por lo que, como siempre, de hacer ajustes adversos el entorno y su caprichoso andar, veremos que partes del presupuesto programable sufrirán la tijera a lo largo del año.
Cynthia Valeriano López.
Profesora de Economía del Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
