Estos documentos forman parte del desfalco a Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco Nacional de Obras (Banobras).
El desvío de recursos consistía en que el gobierno no entregaba los contratos directamente a las empresas, sino que primero los daba a ocho universidades públicas y éstas los entregaban después a particulares, sin que existieran servicios realizados o bienes comprobables.
Indicó que el desfalco a Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dependencias por medio de contratación de universidades, supera los ocho mil millones de pesos.
Entre las instituciones de educación superior que se utilizaron para triangular estos recursos estuvieron la Universidad Popular de la Chontalpa, ubicada en Cárdenas, Tabasco; el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, también en Tabasco y la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otras.
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que no sólo se intentará recuperar el dinero adjudicado, sino que a los funcionarios que la Fiscalía General de la República (FGR) acredite su participación en estos ilícitos quedarán fuera del servicio público de por vida.
Con información de Héctor Figueroa, Grupo Imagen y Excélsior.