Advirtió que de los 2.5 millones, el 30.48% labora en el campo, es decir, casi 800 mil, siendo lastimados gravemente en sus derechos humanos, concentrándose, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla y la entidad mexiquense.
Agregó que el 90% de esos niños y niñas se ven obligados a trabajar en actividades prohibidas, por ejemplo, en el campo cuando se usan agroquímicos, éstos suelen afectar la salud de los menores, provocando lesiones en su organismo y alterando su crecimiento.
Y califico a estos actos como un "reflejo del nivel de pobreza y desigualdad económica que existe en el país".
Detalló que en las labores agrícolas, el bajo nivel salarial obliga a familias completas de jornaleros a desplazarse a otros lugares de la República, donde los niños y adolescentes laboran en diversas actividades agrícolas expuestos a riesgos físicos, de salud, entre otros.