Más de un centenar de especialistas y figuras vinculadas con la academia, el derecho, el periodismo y las instituciones electorales expresaron su respaldo a Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de las acusaciones formuladas en su contra por la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores del oficialismo.
Mediante un pronunciamiento público, los firmantes solicitaron detener las descalificaciones contra quienes han encabezado la autoridad electoral y señalaron que las imputaciones sin pruebas pueden desviar la atención de otros asuntos que requieren investigaciones por parte de las instancias competentes.
En el documento reconocieron la trayectoria de Córdova y su contribución a la democracia mexicana, particularmente en la defensa de la autonomía de las instituciones electorales. También advirtieron que los señalamientos públicos contra el exconsejero pueden afectar la confianza de la ciudadanía en el organismo encargado de organizar los comicios y garantizar el respeto al voto.
Por ello, dirigieron un llamado a la presidenta de la República, a las y los gobernadores y a los legisladores federales para evitar expresiones que, desde su perspectiva, debilitan la credibilidad y el patrimonio institucional construido durante décadas.
Entre quienes respaldaron el documento se encuentran los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg y Leonardo Valdés Zurita; las exconsejeras Jacqueline Peschard y Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como juristas e investigadores como Diego Valadés, Luigi Ferrajoli, Roger Bartra, Julia Carabias, Rolando Cordera, José Roldán Xopa y Raúl Trejo Delarbre. También participaron especialistas de instituciones académicas nacionales y extranjeras.
El pronunciamiento surgió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum relacionara a Córdova con una presunta red de proveedores que habría concentrado durante más de dos décadas contratos para la adquisición de papelería electoral. Ante estos señalamientos, la mandataria solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las contrataciones realizadas durante los últimos 20 años.
Sheinbaum cuestionó que durante la gestión de Córdova no se hubiera intervenido para modificar la concentración de compras en dos empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. También sostuvo que los contratos bajo sospecha se originaron antes de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo.
En sus declaraciones, la titular del Ejecutivo federal hizo referencia al nombramiento de Taddei al frente del órgano electoral de Sonora, aprobado por el Consejo General en 2014, y vinculó a Córdova con el partido de oposición Somos, en el que participa como integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano.
Ante las acusaciones, el expresidente del INE rechazó los señalamientos en entrevistas con medios de comunicación y sostuvo que las declaraciones presidenciales buscan trasladar la responsabilidad de la actual crisis del organismo a administraciones anteriores.
Córdova afirmó que durante su gestión el Instituto fue auditado anualmente tanto por la ASF como por su Órgano Interno de Control, sin que, según su versión, se registraran observaciones sustanciales. Asimismo, indicó que en ese periodo únicamente se celebraron tres contratos licitados de menor cuantía con las empresas señaladas, destinados a la adquisición de marcadoras de credenciales.
El exconsejero también responsabilizó a Morena de modificar los equilibrios internos del organismo mediante la reforma electoral de octubre de 2024. De acuerdo con su postura, los cambios otorgaron a la presidencia del Instituto facultades para designar a titulares de direcciones ejecutivas sin necesitar los ocho votos del Consejo General, lo que, afirmó, redujo la colegialidad y los mecanismos de contrapeso entre consejerías.
La disputa se desarrolla en medio de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y la dimisión de al menos 15 integrantes de su equipo, en un contexto de investigaciones por presuntas faltas administrativas y posible tráfico de influencias.
Hasta el momento, las acusaciones y las respuestas de los involucrados forman parte de una controversia pública cuyo esclarecimiento corresponde a las autoridades fiscalizadoras y a las instancias competentes.
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