El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM) firmaron un convenio de colaboración para implementar el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción 3.0 (MOGERIC), herramienta que busca identificar vulnerabilidades en los procesos internos, establecer controles y prevenir posibles actos indebidos.
Durante la firma del acuerdo, el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, señaló que esta acción da continuidad al Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Corrupción y al Cohecho, suscrito previamente por los tres órganos del Poder Judicial. Destacó que el compromiso debe traducirse en medidas permanentes dentro de la institución.
El convenio fue suscrito también por el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), y Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la SESAEMM.
Macedo García explicó que el MOGERIC 3.0 permitirá revisar los procedimientos institucionales, detectar áreas vulnerables y atender riesgos relacionados con posibles faltas de honestidad, incumplimiento de responsabilidades o trato inadecuado a la ciudadanía. Asimismo, reiteró la disposición del Poder Judicial para colaborar con las instancias especializadas y dar seguimiento a las medidas que se establezcan.
Por su parte, Óscar Bazán Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción estatal, reconoció las gestiones para impulsar la implementación del modelo y destacó la importancia de convertir los convenios en equipos de trabajo, revisión de procesos y acciones preventivas.
Señaló que esta metodología permitirá identificar, evaluar y atender riesgos de corrupción con base en evidencia y seguimiento. Añadió que la prevención requiere coordinación entre los poderes públicos, las instituciones del Sistema Anticorrupción y la sociedad, con el propósito de fortalecer la transparencia de los trámites y garantizar que el acceso a la justicia no dependa de favores, influencias o pagos indebidos.
En representación de la magistrada Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la magistrada Nancy Flores Mendoza indicó que la coordinación institucional es necesaria para consolidar una cultura de integridad. Explicó que el modelo ofrece herramientas para reconocer áreas vulnerables, evaluar riesgos y establecer mecanismos de control antes de que ocurran irregularidades.
También sostuvo que, aunque el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial tienen atribuciones diferentes, comparten la responsabilidad de contribuir a una justicia confiable. Por ello, consideró que la aplicación del modelo debe reflejarse en mejores servicios, atención oportuna y resoluciones apegadas a derecho.
En tanto, Fernando Díaz Juárez recordó que el PJEdomex fue el primer Poder Judicial del país en implementar este modelo durante su fase piloto. Los resultados de esa etapa permitieron realizar ajustes para desarrollar la versión 3.0, que contempla cinco fases: identificación de riesgos; evaluación y análisis; priorización y atención; monitoreo y seguimiento, y revisión sistemática para la mejora continua.
El magistrado señaló que la credibilidad de las instituciones judiciales es fundamental para la paz social y el Estado de Derecho, por lo que refrendó el compromiso de trabajar con el Sistema Anticorrupción para establecer acciones medibles y permanentes.
Al acto asistieron el secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete; la auditora superior de fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Liliana Dávalos Ham; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Luis Eduardo Gómez García, y Rodrigo Archundia Barrientos, fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia estatal, entre otras autoridades, representantes municipales, integrantes de los sistemas anticorrupción y personas servidoras públicas.
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