La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que Inés “N”, detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, emitidas por jueces federales mexicanos, por su probable participación en delitos financieros y fiscales.
De acuerdo con la fiscal, una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada por los posibles delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.
Según las investigaciones de la FGR, Inés “N” presuntamente habría recibido en cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, derivados de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, mediante empresas señaladas como fantasma.
Además, la institución sostiene que habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
Godoy explicó que el esquema investigado estaría relacionado con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos con el organismo encargado de los centros penitenciarios federales. De acuerdo con la Fiscalía, las empresas habrían simulado operaciones para desviar recursos públicos y ocultar su destino.
La titular de la FGR indicó que, desde que la investigada salió del país, la institución ha realizado gestiones para que comparezca ante las autoridades mexicanas. En septiembre de 2025, solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, posteriormente, integró la petición formal en coordinación con el Departamento de Justicia de ese país.
Añadió que durante las últimas semanas se intercambió información con autoridades estadounidenses y se entregaron las órdenes de aprehensión vigentes.
No obstante, precisó que la detención del 30 de octubre obedece a la situación migratoria de Inés “N”, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. En caso de que se determine su deportación, la FGR ejecutará las órdenes de aprehensión cuando llegue a territorio mexicano.
Godoy subrayó que la investigada conserva la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su eventual responsabilidad, conforme a derecho y con respeto al debido proceso.
La Fiscalía reiteró que continuará las acciones legales para lograr que Inés “N” comparezca ante la justicia mexicana.
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