La nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) establece las bases jurídicas para profundizar la transformación de la institución, mediante una actualización de su organización, funciones y mecanismos de participación. La reforma busca consolidar una Universidad más democrática, incluyente y vinculada con las necesidades de la sociedad mexiquense.
El ordenamiento, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y aprobado por el Congreso local, sustituye el marco legal que regía a la máxima casa de estudios desde 1992. Su contenido incorpora propuestas de distintos sectores de la comunidad universitaria y plantea cambios en la vida académica, los derechos, la gobernanza y la responsabilidad social.
La elaboración de la iniciativa incluyó siete foros regionales, tres clases magistrales y mecanismos de consulta mediante plataformas electrónicas, buzones de sugerencias y correos institucionales. En este proceso se recibieron más de siete mil aportaciones y, en una consulta posterior, otras dos mil 700 propuestas.
Además, los consejos de gobierno de los espacios académicos emitieron 52 opiniones favorables y tres con observaciones. La iniciativa fue presentada ante el Consejo Universitario y aprobada por unanimidad antes de ser entregada al Poder Ejecutivo estatal para su presentación ante el Poder Legislativo.
La nueva legislación se articula en cuatro ejes. El primero, Universidad y conocimiento, promueve la ciencia abierta, la innovación, la inteligencia artificial y el reconocimiento de distintas formas de conocimiento. El segundo, Derechos y bienestar, incorpora principios de inclusión, igualdad sustantiva, accesibilidad universal y perspectiva de cuidados.
El tercer eje, Gobernanza y responsabilidad, plantea ampliar la representación de la comunidad universitaria, fortalecer la participación y establecer mecanismos de transparencia y justicia institucional. El cuarto, Universidad y sociedad, busca reforzar la vinculación, la sostenibilidad, la cultura y la responsabilidad social.
Entre los cambios destaca el reconocimiento de la educación y la ciencia como derechos, así como la incorporación de disposiciones para proteger los derechos humanos y universitarios. También contempla la libertad sindical, el cuidado de la salud física y mental, la cultura física y el deporte, además de protocolos de protección ante riesgos y situaciones de violencia.
En las funciones sustantivas, la Ley actualiza los alcances de la docencia, investigación, cultura y vinculación, e incorpora enfoques específicos sobre innovación tecnológica e internacionalización. Propone fortalecer el pensamiento crítico, la libertad académica, la sostenibilidad y el compromiso social, así como impulsar la investigación colaborativa, la ciencia abierta y el reconocimiento de saberes ancestrales.
También establece criterios para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, la transferencia de conocimientos y la cooperación internacional mediante intercambios y movilidad académica.
En materia de gobernanza, la reforma contempla ampliar la integración del Consejo Universitario hasta alcanzar 223 integrantes, con representación de facultades, centros universitarios, planteles de preparatoria, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos, además de sectores académicos, estudiantiles y organizaciones sindicales.
Asimismo, propone crear un órgano electoral universitario con autonomía técnica, operativa y de gestión, responsable de organizar, conducir, vigilar y validar los procesos para elegir a la persona titular de la Rectoría, las direcciones de los espacios académicos y las representaciones correspondientes.
El modelo plantea un voto universal, secreto, vinculante y ponderado, cuya regulación específica deberá establecerse en el Estatuto Universitario. También incorpora disposiciones para dar certeza a los procedimientos de ausencias, licencias, suplencias y separación del cargo de la persona titular de la Rectoría, y mantiene la prohibición de la reelección y de la extensión del mandato.
Otro componente es la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria (SEJU), que contempla mecanismos alternativos para resolver controversias, como la mediación y la conciliación, además de procedimientos disciplinarios para atender posibles faltas a la responsabilidad universitaria.
La propuesta también delimita las competencias del Órgano Interno de Control y de las instancias universitarias, de acuerdo con la naturaleza de las responsabilidades y el manejo de recursos públicos.
La nueva Ley está integrada por siete títulos, 28 capítulos y 146 artículos, frente a los seis títulos y 46 artículos de la legislación anterior. Además, establece un plazo de 365 días hábiles, contado a partir de su publicación, para emitir el nuevo Estatuto Universitario, que desarrollará y precisará diversas disposiciones.
En cuanto a la gratuidad, reconoce este principio y plantea una implementación progresiva, sujeta a la disponibilidad de recursos y a la responsabilidad financiera de la institución.
Con esta actualización normativa, la UAEMéx contará con un nuevo marco jurídico para orientar su desarrollo en los próximos años, en el contexto de los preparativos rumbo a su bicentenario. La aplicación de sus disposiciones será clave para traducir los principios de inclusión, participación, transparencia y responsabilidad social en cambios concretos para la comunidad universitaria y la sociedad mexiquense.
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