La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para fortalecer el derecho a la vivienda y al arraigo, mediante nuevas reglas para el mercado de alquiler que buscan evitar incrementos desproporcionados, prevenir abusos y proteger tanto a las personas arrendatarias como a quienes ofrecen inmuebles en renta.
Durante la presentación de la propuesta de Ley de Arrendamiento Inquilinario y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, la mandataria señaló que el encarecimiento de la vivienda representa un desafío para las grandes ciudades y puede provocar que las familias abandonen las zonas donde han construido sus vínculos sociales y comunitarios.
Brugada Molina indicó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 30 por ciento de las familias de la capital renta su vivienda y más de dos millones de personas habitan en inmuebles alquilados. Añadió que, durante los últimos 15 años, el número de personas que rentan aumentó 54 por ciento, mientras que el precio de la vivienda se multiplicó por cinco en las últimas dos décadas.
La iniciativa contempla siete ejes principales para regular las relaciones entre arrendadores e inquilinos, ampliar las alternativas habitacionales y establecer mecanismos de protección ante conflictos relacionados con el alquiler.
El primer punto busca garantizar que los aumentos anuales de renta no superen la inflación, una disposición que, de acuerdo con el Gobierno capitalino, ya está contemplada en el Código Civil, pero requiere mecanismos que permitan vigilar su cumplimiento y aplicar sanciones ante posibles incumplimientos.
El segundo eje propone establecer una Carta de Derechos y Obligaciones de Inquilinos y Arrendadores. Entre sus medidas se encuentra limitar a una las garantías de cumplimiento que pueden exigirse para rentar una vivienda, además del depósito previsto en el Código Civil, con el propósito de reducir las barreras de acceso al alquiler.
También plantea prohibir la discriminación por origen étnico, género, edad u orientación sexual, así como garantizar el derecho a vivir con niñas, niños y animales de compañía. Al mismo tiempo, establece obligaciones para ambas partes: las personas inquilinas deberán pagar la renta, conservar el inmueble y respetar las condiciones pactadas, mientras que los propietarios tendrán que mantener la vivienda en buen estado, registrar los contratos y devolver los depósitos conforme a lo acordado.
Como tercer componente, la propuesta contempla crear la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, para ofrecer orientación, asesoría y representación jurídica gratuita tanto a arrendadores como a arrendatarios. La instancia también tendría funciones de mediación y conciliación para atender controversias y buscar soluciones antes de que escalen a otros procedimientos.
La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que esta defensoría buscará garantizar un equilibrio entre los derechos de ambas partes mediante servicios especializados, confidenciales, accesibles y gratuitos.
El cuarto eje contempla contratos con una duración mínima de un año, un registro digital de arrendamientos con protección de datos personales y sanciones ante incumplimientos. La iniciativa prevé que, si el propietario no registra el contrato, la persona inquilina pueda hacerlo, además de incorporar mecanismos para dar seguimiento a las relaciones contractuales.
En materia de oferta habitacional, el quinto punto plantea ampliar la vivienda pública, impulsar inmuebles destinados a renta asequible y fortalecer los programas de mejoramiento de vivienda. También contempla incentivar la participación privada en la construcción de opciones accesibles y ofrecer apoyos a propietarios que celebren contratos multianuales, con el propósito de favorecer la estabilidad del mercado.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que en la capital existen alrededor de 813 mil viviendas en renta y que las estimaciones del mercado ubican los alquileres promedio entre 16 mil 600 y 24 mil pesos, dependiendo de la zona y las características del inmueble. Indicó que estos montos pueden superar el parámetro de asequibilidad de ONU-Hábitat, que establece que el gasto en vivienda no debería rebasar el 30 por ciento del ingreso familiar.
Muñoz Santini agregó que el Gobierno capitalino mantiene el objetivo de realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, de las cuales 80 mil corresponderían a viviendas nuevas y 120 mil a procesos de mejoramiento y ampliación de inmuebles existentes.
El sexto eje se enfoca en la atención de las familias durante los desalojos mediante la creación de un Gabinete de Acompañamiento Social, coordinado por la Secretaría de Gobierno e integrado por distintas dependencias capitalinas. Su función sería identificar situaciones de vulnerabilidad, acompañar los procedimientos judiciales, proteger los derechos humanos y canalizar a las personas afectadas hacia alternativas habitacionales y programas sociales.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, precisó que este acompañamiento no interferirá en las decisiones ni en la ejecución de las resoluciones judiciales. Además, anunció que se contempla capacitar en derechos humanos e igualdad sustantiva al personal que participa en labores de carga, traslado y resguardo de pertenencias, con la intención de prevenir agresiones y situaciones de violencia durante los desalojos.
La propuesta también considera atención prioritaria para niñas, niños, personas adultas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar que las familias queden desamparadas o sin alternativas para resguardar sus pertenencias.
El séptimo componente plantea crear un Observatorio Público de Vivienda encargado de estudiar los precios, el suelo y las dinámicas del mercado habitacional, a fin de generar información para diseñar políticas públicas y atender los procesos de gentrificación.
Sobre este último aspecto, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó que la iniciativa incorpora una definición jurídica de gentrificación, entendida como un proceso de exclusión social en el que residentes con menores recursos y pequeños negocios arraigados en sus comunidades pueden ser desplazados por el encarecimiento de las zonas y la llegada de habitantes con mayor capacidad económica.
Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, señaló que la regulación busca ampliar el acceso a una vivienda adecuada, particularmente para las juventudes, al considerar que el alquiler constituye una alternativa importante para quienes todavía no cuentan con una propiedad. Destacó que la propuesta pretende establecer condiciones de estabilidad, equilibrio y certeza para quienes rentan y quienes ponen sus inmuebles en el mercado.
Brugada Molina aclaró que la iniciativa no contempla congelar las rentas ni atentar contra la propiedad privada, sino establecer límites a los incrementos y reglas claras para ambas partes. Asimismo, hizo un llamado al Congreso capitalino para abrir un parlamento abierto que permita escuchar las distintas posturas y enriquecer la discusión legislativa.
La propuesta se encuentra en análisis en el Congreso de la Ciudad de México. Su eventual aprobación establecería nuevos mecanismos para regular los arrendamientos, atender controversias, promover vivienda asequible y acompañar a las familias en situaciones de desalojo, dentro del marco de las atribuciones legales y judiciales correspondientes.
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