El Poder Judicial del Estado de México aprobó nuevas medidas para fortalecer la salud física y emocional de sus personas servidoras públicas, así como modernizar los mecanismos de mediación y resolución de conflictos, mediante acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales y facilitar el acceso de la ciudadanía a la justicia.
Durante una sesión ordinaria del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por su titular, el magistrado Fernando Díaz Juárez, se avalaron dos acuerdos: la implementación de las bases de una Política Integral de Salud y la modificación de la estructura orgánica del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CPMASC).
En la reunión participaron como invitados permanentes el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y la magistrada Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. También estuvieron presentes las magistradas María Alejandra Almazán Barrera y María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, así como los magistrados Edgar Hernán Mejía López y Pablo Espinosa Márquez, integrantes del OAJ.
El titular de la Unidad de Normatividad y Consulta Jurídica, Rafael Ochoa Morales, dio lectura al acuerdo que establece las bases de la política de salud para el personal judicial. Entre las acciones previstas se encuentran exámenes médicos preventivos, campañas de vacunación, orientación nutricional, actividades físicas, capacitación en primeros auxilios y atención a la salud mental.
La estrategia también contempla consultorios médicos básicos, seguros complementarios, apoyos económicos ante contingencias y canales confidenciales para denunciar situaciones de violencia laboral. Asimismo, incorpora evaluaciones para identificar riesgos psicosociales y establecer medidas para prevenirlos.
El acuerdo considera la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, con atención prioritaria para las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, así como para personas en situación de vulnerabilidad o con enfermedades degenerativas.
La Dirección General de Administración será responsable de ejecutar las acciones correspondientes, mientras que la Dirección General de Finanzas y Planeación realizará las gestiones presupuestales necesarias para su implementación.
En materia de acceso a la justicia, el Pleno aprobó modificar la estructura del CPMASC a propuesta de su titular, la magistrada Blanca Colmenares Sánchez. El cambio permitirá formalizar el Centro Virtual como una unidad administrativa dependiente de la Dirección General, con funciones y lineamientos específicos para fortalecer su operación y coordinación con los juzgados.
La reorganización busca que las personas puedan participar en juntas informativas y sesiones de mediación a distancia, dar seguimiento a sus expedientes y reducir traslados y trámites físicos. También prevé establecer comunicación en tiempo real entre los órganos jurisdiccionales y el Centro Público, además de enviar constancias electrónicas directamente a los expedientes judiciales para evitar retrasos.
El nuevo esquema contempla personal asignado de manera permanente para atender los asuntos desde su recepción hasta su conclusión, así como procedimientos para canalizar los casos provenientes de los juzgados. La propuesta retoma la experiencia de atención virtual desarrollada durante la pandemia por COVID-19.
Como parte de su implementación, se prevé la coordinación tecnológica, la adecuación de espacios en la Torre II de los juzgados Civiles y Familiares de Toluca y el desarrollo de pruebas piloto en el Juzgado Séptimo Familiar de Toluca y el Juzgado Mixto de Chalco, con residencia en Ixtapaluca.
El magistrado presidente Héctor Macedo García destacó la importancia de proteger la salud física y emocional del personal mediante acciones preventivas y mejores servicios de atención médica. Respecto al Centro Virtual, señaló que representa una alternativa para optimizar recursos y contribuir a disminuir el rezago judicial, particularmente en los asuntos familiares.
Asimismo, subrayó la relevancia de las juntas informativas para que las personas conozcan las ventajas del diálogo y la mediación como herramientas para resolver controversias sin recurrir necesariamente a procedimientos judiciales prolongados.
Durante la misma sesión, el OAJ abordó lineamientos para las reuniones de trabajo, las sesiones del Pleno, la firma de actas y la publicación de acuerdos. También aprobó la creación de brigadas permanentes regionalizadas para apoyar a los juzgados familiares y revisó propuestas relacionadas con domicilios, operación y competencia de juzgados civiles y familiares.
Finalmente, se analizaron ajustes a las atribuciones de la Contraloría Interna en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la organización y el funcionamiento del Poder Judicial mexiquense.
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