Ante la inconformidad de comerciantes en pequeño por la iniciativa que promueve el uso de pagos digitales y electrónicos, el Senado de la República aclaró que la propuesta no contempla la desaparición inmediata del dinero en efectivo, sino una transición gradual que considere las condiciones de los distintos sectores económicos del país.
El dictamen elaborado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera establece que la finalidad de la Ley de Economía Digital es ampliar progresivamente la adopción de medios electrónicos de pago, sin imponer una eliminación absoluta y generalizada del efectivo en el territorio nacional.
De acuerdo con el documento, el dinero en efectivo continúa siendo relevante para las operaciones cotidianas, particularmente entre las personas que no cuentan con acceso suficiente a servicios financieros, dispositivos tecnológicos o conexión a internet. Por ello, las comisiones consideran necesario que la implementación de la nueva normativa tome en cuenta las diferencias entre regiones, establecimientos y usuarios.
La propuesta ha generado inconformidad entre diversos grupos de comerciantes. La semana pasada, carniceros del Mercado de San Juan, ubicado en Iztapalapa, bloquearon la avenida Zaragoza para manifestarse contra la iniciativa. Asimismo, en redes sociales comenzaron a difundirse llamados para organizar acciones en defensa del efectivo y rechazar la obligatoriedad de los pagos electrónicos.
En materia de conectividad, el dictamen cita datos del estudio Digitalizar para crecer, de México Evalúa, así como declaraciones del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Según las cifras referidas, 86.1 por ciento de la población de seis años o más cuenta con conexión a internet, mientras que 94 por ciento dispone de conectividad mediante telefonía celular y 85 por ciento de los comercios está bancarizado.
Sin embargo, el documento señala que únicamente 41.4 por ciento de la población adulta realiza o recibe pagos digitales, una proporción inferior al promedio de 59 por ciento registrado en América Latina y el Caribe. Para las comisiones legislativas, esta diferencia evidencia que el principal desafío no se limita a la infraestructura tecnológica, sino también a fomentar el uso de estas herramientas entre la población.
El dictamen también advierte que la digitalización debe aplicarse con un enfoque diferenciado y territorial, especialmente en comunidades indígenas y regiones donde persisten condiciones de exclusión financiera. De lo contrario, una transición acelerada podría ampliar las desigualdades existentes y dificultar las operaciones de quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a los servicios digitales.
En el caso de los pequeños establecimientos, las comisiones reconocen que sus condiciones no son equivalentes a las de empresas con infraestructura tecnológica consolidada. Factores como la ubicación geográfica, la conectividad, el acceso a servicios bancarios y las características de los consumidores pueden limitar la incorporación inmediata de nuevos métodos de cobro.
Por ello, el documento plantea que la gradualidad permita acompañar la transición con información, capacitación, preparación tecnológica y ajustes en los procedimientos de cobro, a fin de evitar dificultades operativas y cargas desproporcionadas para los sectores involucrados.
La iniciativa tiene como objetivos impulsar la formalización de la economía, ampliar la inclusión financiera y modernizar las operaciones comerciales. Entre los medios de pago contemplados se encuentran las transferencias electrónicas, las tarjetas bancarias, los códigos QR y las tecnologías de comunicación de campo cercano (NFC), además de otras herramientas digitales reconocidas por las autoridades financieras.
El pleno del Senado tenía previsto discutir y votar el proyecto este martes para, en caso de aprobarse, enviarlo al Ejecutivo federal. Su alcance definitivo y las condiciones de aplicación dependerán del texto que resulte aprobado y de las disposiciones correspondientes para su implementación.
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