La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica con la que busca transformar el modelo de justicia cívica, priorizar la prevención de la violencia y ofrecer soluciones más rápidas y restaurativas a los conflictos vecinales y comunitarios.
La propuesta, presentada ante el Congreso capitalino, fue analizada durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz. De acuerdo con Brugada Molina, el objetivo es intervenir oportunamente en las diferencias cotidianas para evitar que se agraven, fortalecer el tejido social y promover una convivencia pacífica. Como parte de esta estrategia, el próximo año se prevé impulsar acciones territoriales en las comunidades con mayores problemas de conflictividad.
Uno de los cambios centrales consiste en dejar atrás un esquema enfocado principalmente en multas, arrestos y sanciones, para incorporar mecanismos de prevención, mediación, reparación del daño y atención de las causas que originan las conductas. La iniciativa también propone que determinados asuntos de baja gravedad puedan resolverse en los juzgados cívicos, sin eliminar la posibilidad de recurrir a la vía penal cuando corresponda.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, explicó que entre los casos contemplados se encuentran ciertos daños a bienes muebles o inmuebles cuyo monto no supere las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a alrededor de 5 mil 800 pesos, así como algunos robos de bajo valor cometidos sin violencia ni reincidencia. También se plantea atender mediante la justicia cívica determinadas agresiones verbales y conflictos familiares que no encuadren en el delito de violencia familiar.
La funcionaria precisó que las personas afectadas conservarán la opción de acudir al Ministerio Público en los casos de sustracción de bienes de escaso valor. La alternativa cívica busca facilitar una respuesta más ágil, la devolución de lo sustraído o la reparación del daño, además de medidas para evitar que la conducta se repita. La reforma, subrayó, no pretende restar importancia a las afectaciones, sino ofrecer vías de solución proporcionales y efectivas.
Otro eje de la iniciativa es la incorporación de juicios orales con audiencias públicas, en las que las partes puedan exponer sus argumentos ante una jueza o un juez, quien determinará si existió una infracción y cuál es la medida correspondiente. El propósito es agilizar los procedimientos, transparentar las decisiones y evitar que las sanciones se impongan de manera automática, sin valorar las circunstancias de cada caso.
La propuesta también contempla la figura de agentes psicosociales restaurativos, quienes realizarían evaluaciones iniciales para identificar factores emocionales, sociales o de riesgo relacionados con los conflictos. A partir de estos diagnósticos, las personas podrían ser canalizadas a servicios psicológicos, educativos, laborales o de tratamiento de adicciones, según sus necesidades. La intención es atender las causas de las conductas y reducir la reincidencia.
En el ámbito comunitario, se prevé la creación de los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, denominados Calpullis de Paz, que podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos. Estos centros ofrecerían mediación, conciliación y justicia restaurativa, de manera presencial o virtual. Además, se impulsaría un modelo itinerante para llevar los servicios de justicia cívica directamente a las colonias.
La iniciativa incluye medidas comunitarias y programas de prevención de la violencia, resolución pacífica de conflictos, atención psicológica, prevención de adicciones y vinculación con oportunidades educativas y laborales. Los acuerdos podrán establecer reparaciones materiales, económicas o simbólicas, compromisos de no repetición y actividades en beneficio de la comunidad, con seguimiento de las personas facilitadoras.
La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que la reforma busca consolidar una política pública de prevención social, con atención cercana y especializada. Explicó que el modelo contempla seis pilares relacionados con la promoción de hábitos cívicos, la resolución oportuna de conflictos, la prevención de la violencia, la atención en territorio, los mecanismos alternativos de solución de controversias y la profesionalización de los servicios.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que la Policía capitalina participará en la detección temprana de conflictos mediante patrullajes y presencia territorial, así como en la presentación de personas ante los juzgados cuando presuntamente cometan infracciones. Entre las conductas que podrían recibir atención prioritaria mencionó las riñas, la intimidación, el consumo de sustancias en espacios públicos, los servicios no solicitados acompañados de coacción, el maltrato animal, los daños a inmuebles y el abandono de basura o desechos.
Vázquez Camacho añadió que las audiencias orales podrían reducir el tiempo que los policías permanecen en los juzgados cívicos y contribuir a mejorar la legalidad de sus actuaciones. También planteó ampliar las opciones de trabajo comunitario y aprovechar los centros de sanciones administrativas para incorporar actividades de prevención de adicciones y orientación laboral, cuando resulte pertinente.
Finalmente, Clara Brugada llamó al Congreso de la Ciudad de México a discutir la iniciativa y reiteró que el Gobierno capitalino prevé destinar recursos el próximo año para mejorar la infraestructura de los juzgados cívicos, fortalecer su plantilla y atender necesidades como los servicios de medicina legista. La mandataria sostuvo que la transformación busca pasar de una justicia que actúa después de los hechos a una que intervenga de manera preventiva, repare los daños y contribuya a construir comunidades con mayor diálogo, confianza y convivencia pacífica.
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