El sistema penitenciario del Estado de México enfrenta deficiencias en seguridad, infraestructura y condiciones de internamiento, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De los 21 centros evaluados en la entidad, 10 obtuvieron calificaciones inferiores a seis, mientras que el promedio estatal se ubicó en 6.21.
El Centro Penitenciario de Cuautitlán registró la calificación más baja, con 4.62 puntos, seguido de Zumpango, con 4.93, y Jilotepec, con 4.95. Entre los establecimientos con resultados reprobatorios también figuran Santiaguito, en Almoloya de Juárez; Ecatepec; Neza-Bordo, y Juan Fernández Albarrán, conocido como Barrientos, en Tlalnepantla.
Entre los principales problemas identificados por el organismo se encuentra la insuficiencia de personal de seguridad y custodia en los 21 centros supervisados. Además, 17 presentaron sobrepoblación y 15 condiciones de hacinamiento, factores que pueden dificultar la vigilancia, la atención de las personas privadas de la libertad y el mantenimiento de condiciones adecuadas de estancia.
En penales como Ecatepec y Zumpango, la CNDH también identificó prácticas de autogobierno o cogobierno, así como deficiencias en los servicios médicos, la alimentación, la higiene y los mecanismos para prevenir hechos violentos. Estas observaciones coinciden con las preocupaciones relacionadas con el funcionamiento de los centros penitenciarios mexiquenses, en un contexto en el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió durante 2026 quejas vinculadas principalmente con Almoloya de Juárez, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
A nivel nacional, el diagnóstico evidenció problemas similares. Durante 2025, la CNDH realizó 278 supervisiones: 261 en centros penitenciarios estatales, 14 en instalaciones federales y tres en prisiones militares, donde se encontraba una población superior a 246 mil personas.
Entre los principales hallazgos nacionales, el organismo reportó deficiencias en la clasificación de las personas internas en 98.9 por ciento de los centros evaluados; insuficiencia de programas para prevenir incidentes violentos en 93.1 por ciento; falta de personal de seguridad y custodia en 92.3 por ciento, y problemas en los servicios médicos en 77 por ciento de los establecimientos supervisados.
El informe también alertó sobre los incidentes violentos y las condiciones relacionadas con la salud mental dentro de las prisiones. Durante 2025 se registraron 101 suicidios, frente a los 47 reportados en 2024, lo que representa un incremento de aproximadamente 115 por ciento. De los casos documentados, 82 ocurrieron en centros estatales y 19 en instalaciones federales.
A estos hechos se sumaron 55 homicidios, 805 riñas, 11 evasiones o fugas, nueve casos identificados como abusos, seis relacionados con tortura o maltrato y tres motines.
Los datos adquirieron nueva relevancia tras las dos riñas registradas la semana previa en el penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, que dejaron 12 personas muertas y reavivaron la atención sobre las condiciones de seguridad, vigilancia y gobernabilidad en el sistema penitenciario mexicano.
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