La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) reiteró su petición de amnistía en favor de Juan Carlos “N”, al señalar que un análisis especializado identificó posibles violaciones a derechos humanos y al debido proceso durante el procedimiento penal. El pronunciamiento fue presentado ante el Poder Judicial estatal para que los elementos documentados sean valorados conforme a la legislación aplicable.
El organismo explicó que la solicitud deriva de una revisión de actuaciones ministeriales y judiciales, recursos de impugnación, constancias y opiniones técnicas relacionadas con el caso. El estudio tuvo como objetivo examinar las condiciones en que se desarrolló el proceso y las circunstancias que pudieron limitar el ejercicio efectivo de los derechos de la persona solicitante.
Para integrar el pronunciamiento, la CODHEM consideró disposiciones constitucionales, legislación nacional, tratados internacionales y criterios de tribunales nacionales e internacionales. De acuerdo con la Comisión, esta metodología permitió construir una valoración jurídica y contextual bajo el principio pro persona, que establece la obligación de favorecer la protección más amplia de los derechos humanos.
Entre los principales aspectos analizados se encuentran las condiciones de la detención, las posibles deficiencias en la defensa y la falta de una investigación oportuna sobre indicios de presuntos actos de tortura. La Comisión señaló que estas circunstancias deben examinarse por sus posibles consecuencias en el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la garantía del derecho a la verdad.
En materia de defensa adecuada, el organismo destacó que este derecho no se limita a la designación o presencia de una persona defensora durante el procedimiento. También requiere una representación profesional, técnica y diligente que permita a la persona conocer sus derechos, cuestionar posibles irregularidades y utilizar los mecanismos legales disponibles para su protección.
Respecto a los indicios de tortura, la CODHEM advirtió sobre la falta de una investigación que, según su análisis, debió realizarse de manera oportuna, imparcial y efectiva. No obstante, precisó que la existencia de indicios debe distinguirse de la determinación de responsabilidades penales, facultad que corresponde a las autoridades competentes.
El caso también cuenta con referencias en el ámbito internacional. Según lo informado por la Comisión, la Unidad de Graves Violaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha brindado acompañamiento y participado en reuniones de seguimiento con familiares y abogadas particulares de Juan Carlos “N”.
Asimismo, la CODHEM indicó que recibió información sobre el inicio de una investigación relacionada con el caso por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.
A estas actuaciones se suma un recurso presentado por Juan Carlos “N”, con el acompañamiento de sus abogadas particulares y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. De acuerdo con el pronunciamiento, la relatora manifestó su preocupación por las condiciones y el contexto del caso, además de solicitar información al Gobierno de México sobre las investigaciones iniciadas.
La Comisión también incorporó en su análisis factores relacionados con la desigualdad y la estigmatización, al considerar que estas condiciones pueden generar desventajas para las personas que enfrentan procesos judiciales. En ese sentido, sostuvo que el acceso efectivo a la justicia debe garantizarse sin que dependa de los recursos económicos, el origen o las circunstancias sociales de cada persona.
Con fundamento en el artículo 4, fracción XII, de la Ley de Amnistía del Estado de México, la CODHEM puso a consideración del Poder Judicial los argumentos que respaldan su petición en favor de Juan Carlos “N”. El organismo precisó que su intervención consiste en aportar una valoración desde la perspectiva de los derechos humanos y no sustituye las atribuciones de las autoridades jurisdiccionales.
La solicitud, por tanto, deberá ser valorada por el Poder Judicial conforme al marco legal correspondiente, ya que el pronunciamiento de la Comisión no implica que la amnistía haya sido concedida de manera automática.
Finalmente, la CODHEM subrayó la importancia de abordar públicamente el asunto con responsabilidad, proteger la privacidad de las personas involucradas y evitar la difusión innecesaria de datos personales. El organismo sostuvo que la revisión de posibles vulneraciones, el respeto al debido proceso y la protección de la dignidad humana son elementos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia.
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