Comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para endurecer las sanciones contra quienes cometan violencia ácida o química contra mujeres.
El dictamen plantea que las penas podrían alcanzar hasta 36 años de prisión cuando las lesiones pongan en peligro la vida de la víctima y, además, se actualicen determinadas agravantes, como que el agresor sea una persona servidora pública o mantenga con la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, confianza o responsabilidad y cuidado.
La propuesta deriva de iniciativas presentadas por las diputadas Zaira Cedillo Silva y Nelly Brigida Rivera Sánchez, de Morena; por el Grupo Parlamentario del PRD, coordinado por Omar Ortega Álvarez, y por la Fundación Carmen Sánchez y mujeres sobrevivientes de violencia química.
De acuerdo con el dictamen avalado, se establecería una pena de hasta 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa para quien cause dolosamente lesiones a una mujer, niña o adolescente mediante ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, así como otros agentes químicos o sustancias contempladas en la reforma.
Las sanciones aumentarían hasta 20 años de prisión cuando la agresión provoque desfiguración permanente en zonas como cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o genere la pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido.
Las agravantes podrían elevar las penas hasta 22 años y medio o 30 años, dependiendo de las consecuencias de la agresión y de las circunstancias en que se cometa. Al combinarse con las sanciones previstas actualmente para las lesiones que ponen en peligro la vida, la pena máxima contemplada en el dictamen llegaría a 36 años de prisión.
El proyecto también establece que estos delitos sean perseguidos de oficio cuando se actualicen las agravantes previstas, con el propósito de evitar que el inicio de las investigaciones dependa exclusivamente de la voluntad de la víctima.
Además del componente penal, el dictamen plantea ampliar las medidas de atención para las sobrevivientes. La reparación integral incluiría cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis, tratamientos médicos especializados y de largo plazo, así como compensaciones por lucro cesante y otras medidas necesarias para la recuperación.
En materia de salud, la propuesta establece que las víctimas sean canalizadas de manera inmediata a unidades médicas de alta especialidad y tengan acceso gratuito, integral y continuo a los servicios requeridos.
También se plantean obligaciones para el personal médico que atienda lesiones provocadas por agentes químicos o corrosivos, como brindar atención prioritaria, preservar evidencia clínica y biológica y notificar de inmediato al Ministerio Público cuando corresponda.
Las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incorporarían además una definición específica de violencia ácida o química, entendida como el uso de determinadas sustancias o agentes para provocar daño físico, desfiguración, discapacidad, dolor, sufrimiento o poner en riesgo la vida de una mujer.
Durante la discusión, la diputada Nelly Rivera destacó la importancia de reconocer estas agresiones de manera diferenciada, mientras que Zaira Cedillo señaló que el dictamen integra distintas propuestas presentadas ante el Congreso.
Por su parte, la diputada del PRD Araceli Casasola Salazar respaldó la reforma, aunque señaló que quedaron fuera aspectos que consideró necesarios, como medidas específicas de rehabilitación psicosocial, apoyos para la reincorporación laboral y educativa y mecanismos para sancionar posibles omisiones de autoridades.
Las activistas Carmen Sánchez y Ximena Canseco también plantearon que la respuesta institucional no debe limitarse al aumento de penas. Ambas señalaron la necesidad de fortalecer la investigación con perspectiva de género y garantizar atención médica, psicológica y social de largo plazo para las sobrevivientes y sus familias.
El dictamen aprobado en comisiones representa un avance dentro del proceso legislativo, pero aún deberá continuar con las etapas correspondientes para determinar si las modificaciones son aprobadas por el Pleno y posteriormente entran en vigor como parte de la legislación mexiquense.
#Edomex #EstadoDeMéxico #CongresoEdomex #ViolenciaÁcida #ViolenciaQuímica #Mujeres #ViolenciaDeGénero #OscarGlenn
