El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México presentó ante juezas y jueces en materia penal los nuevos Lineamientos sobre el Aviso y la Justificación de Demora en la Emisión de Sentencias, con los que busca fortalecer el seguimiento de los procesos que excedan los plazos establecidos constitucionalmente.
La medida pretende evitar que los procedimientos penales se prolonguen sin una explicación y garantizar que las personas involucradas reciban una resolución dentro de un periodo razonable.
La presentación estuvo encabezada por la magistrada presidenta del TDJ, Maricela Reyes Hernández, y contó con la participación de juzgadores de Control, Tribunales de Enjuiciamiento, sistema penal tradicional, adolescentes, ejecución penal y cateos.
Durante la sesión, Reyes Hernández explicó que el mecanismo de aviso no pretende convertir automáticamente una demora en una falta administrativa, sino permitir que el Tribunal conozca oportunamente las circunstancias que provocaron que un asunto rebasara los plazos constitucionales.
La magistrada recordó que esta obligación deriva directamente de la Constitución y no de una disposición creada por el Tribunal. De acuerdo con el artículo 20, apartado B, fracción VII, los procesos penales deben resolverse en un plazo de hasta cuatro meses cuando la pena máxima del delito no exceda de dos años, y de hasta un año cuando sea mayor.
Los lineamientos establecerán la forma en que deberán reportarse las demoras y la información que tendrá que acompañar cada aviso. Una vez publicados en la Gaceta del Gobierno, serán de observancia obligatoria para quienes encabecen los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Reyes Hernández enfatizó que el objetivo principal es prevenir antes que sancionar, debido a que un retraso puede estar relacionado con circunstancias que escapan al control directo de la persona juzgadora, como la existencia de un amparo, una reposición del procedimiento o alguna determinación emitida por otra instancia.
Por ello, consideró fundamental que exista comunicación oportuna y que las causas de una eventual demora puedan ser acreditadas mediante la información correspondiente.
La magistrada Nancy Flores Mendoza, integrante del TDJ, señaló que el mecanismo adquiere especial relevancia a partir de la reforma constitucional de 2024 y del reconocimiento del derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Explicó que aunque los procesos pueden prolongarse por diferentes circunstancias, esto no debe significar que los expedientes permanezcan sin seguimiento o sin una explicación sobre los motivos que impiden su conclusión.
Flores Mendoza resumió el propósito de los lineamientos en tres conceptos: celeridad, responsabilidad y rendición de cuentas. Mientras el establecimiento de plazos busca proteger a quienes enfrentan un proceso, la justificación permitirá distinguir los casos en los que exista una causa legítima para el retraso.
En tanto, el magistrado Alejandro Jaime Gómez Sánchez explicó los aspectos prácticos del procedimiento y señaló que el aviso deberá presentarse directamente por la persona juzgadora dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento del plazo constitucional.
El documento deberá incluir información relacionada con el expediente, el órgano jurisdiccional, las personas involucradas, el delito y las circunstancias que hayan provocado la demora.
Con esta normativa, el Tribunal de Disciplina Judicial busca fortalecer el seguimiento institucional de los procesos penales y favorecer que las resoluciones sean emitidas de manera oportuna, sin perder de vista las circunstancias particulares de cada caso.
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