El Gobierno del Estado de México fortalece las acciones para garantizar el acceso a la justicia de mujeres indígenas mediante atención jurídica gratuita y con perspectiva intercultural, informó el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP).
Durante 2026, el organismo ha otorgado asesoría y orientación jurídica a 106 mujeres indígenas, además de proporcionar defensa penal a 11 integrantes de este sector, como parte de las acciones impulsadas por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el IDP también reportó la realización de 95 estudios socioeconómicos para determinar la procedencia del patrocinio jurídico gratuito en asuntos familiares, civiles y mercantiles.
Los servicios están dirigidos a mujeres pertenecientes a los cinco pueblos originarios reconocidos en la entidad: mazahua, nahua, matlatzinca, otomí y tlahuica, con el objetivo de que puedan ejercer sus derechos y acceder a procesos legales en condiciones de igualdad.
Uno de los casos atendidos corresponde a Carmela Rivera Bernal, mujer mazahua de 77 años, originaria de San Juan de las Manzanas, en Ixtlahuaca, quien acudió a la Defensoría Pública después del fallecimiento de su hija.
Con apoyo de su hijo, Gregorio Velázquez Rivera, Carmela recibió orientación y patrocinio jurídico para iniciar un juicio de dependencia económica que le permitiera realizar el procedimiento necesario para acceder a una pensión.
La mujer relató que, debido a que no sabe leer y desconocía los procedimientos legales, difícilmente habría podido realizar por cuenta propia las gestiones necesarias para resolver su situación.
Su hijo destacó la importancia de contar con servicios jurídicos gratuitos, particularmente para personas que enfrentan dificultades económicas o desconocen cómo acudir ante las autoridades para resolver asuntos legales.
Como parte de esta estrategia de atención, el IDP cuenta además con defensores públicos certificados en lenguas otomí y mazahua, lo que permite brindar acompañamiento con pertinencia lingüística y facilitar el acceso a la justicia en comunidades indígenas.
El Gobierno estatal señaló que estas acciones forman parte de “El Poder de Servir” y buscan consolidar una justicia incluyente, humanista y cercana, con respeto a los derechos humanos y a las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos originarios.
