Un total de 63 mujeres privadas de la libertad han recuperado su libertad con el acompañamiento jurídico e institucional del Gobierno del Estado de México, entre el 16 de septiembre de 2023 y el 2 de septiembre de 2026.
Las acciones forman parte del programa “Mujeres Privadas de la Libertad”, mediante el cual la Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), coordinan esfuerzos para revisar cada expediente y determinar si las internas cumplen con los requisitos para acceder a los mecanismos y beneficios previstos en la legislación.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, señaló que esta coordinación permite brindar acompañamiento a las mujeres durante sus procesos jurídicos y dar seguimiento a los casos en los que, conforme a su situación legal, existe la posibilidad de obtener algún beneficio.
Tan solo durante los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres obtuvieron su libertad mediante este esquema. El caso más reciente corresponde a Kimberly “N”, quien recibió representación jurídica del Instituto de la Defensoría Pública para el análisis y seguimiento de su proceso.
La funcionaria explicó que la intervención institucional no termina cuando las mujeres abandonan los centros penitenciarios, pues la Secretaría de las Mujeres mantiene un esquema de acompañamiento y canalización a diferentes servicios bajo una perspectiva de género, igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con las condiciones particulares de cada beneficiaria y cuando la legislación lo permite, también se brinda apoyo para cubrir multas, además de facilitar el traslado hacia sus hogares y dar continuidad al acompañamiento después de su liberación.
Por su parte, el Instituto de la Defensoría Pública proporciona representación y asistencia jurídica, revisa los expedientes y da seguimiento a los procedimientos correspondientes, con el objetivo de garantizar una defensa adecuada y facilitar el acceso a los beneficios contemplados por la ley cuando estos resulten procedentes.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres privadas de la libertad y generar condiciones que contribuyan a su reintegración social una vez concluido su periodo de reclusión.
