La Comisión de Desarrollo Urbano de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó un dictamen que plantea actualizar las reglas para los desarrollos urbanos y fortalecer las condiciones para que la población pueda acceder a una vivienda digna, adecuada y asequible.
La propuesta integra iniciativas del diputado Octavio Martínez Vargas, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con las que se busca que el Estado de México pueda incorporarse al Programa Nacional de Vivienda mediante la simplificación de trámites y la actualización del marco jurídico.
Durante el análisis, Octavio Martínez sostuvo que las modificaciones pretenden frenar abusos y prácticas de corrupción relacionadas con desarrolladores inmobiliarios de administraciones anteriores. Señaló que existen familias que adquirieron viviendas mediante créditos de hasta 30 años, pero recibieron desarrollos sin servicios básicos, espacios públicos, escuelas, mercados o infraestructura suficiente.
El legislador afirmó que cuatro de cada 10 mexiquenses habitan actualmente en unidades habitacionales que enfrentan problemáticas derivadas de su planeación, desarrollo o construcción, por lo que consideró necesario establecer mayores controles y obligaciones para quienes realizan proyectos inmobiliarios.
Entre los cambios aprobados se contempla actualizar las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura para autorizar conjuntos urbanos, condominios, subdivisiones, relotificaciones y fusiones, además de coordinar la entrega de áreas de donación, obras de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria.
Los municipios, por su parte, tendrán mayores responsabilidades en la aprobación de proyectos ejecutivos y especificaciones técnicas relacionadas con obras hidráulicas, sanitarias y de urbanización.
El dictamen también plantea fortalecer la supervisión de los desarrolladores, quienes deberán entregar información y documentación sobre sus proyectos, permitir inspecciones, reportar avances y atender las observaciones de las autoridades. Una vez concluidas las obras, deberán realizar su entrega formal a las instancias correspondientes.
Las nuevas disposiciones establecen obligaciones específicas para determinados proyectos, entre ellos subdivisiones de predios de tres mil metros cuadrados o más, desarrollos que contemplen 30 o más viviendas y proyectos no habitacionales con tres mil o más metros cuadrados de construcción.
En materia de impacto estatal, la Comisión de Impacto Estatal contará con nuevas atribuciones para recibir y analizar expedientes, solicitar evaluaciones técnicas y establecer mecanismos para regularizar proyectos que hayan iniciado o concluido sin los permisos, dictámenes o licencias requeridos.
Asimismo, se prevén mecanismos para verificar que nuevos proyectos y ampliaciones cuenten con la Evaluación de Impacto Estatal, cumplan sus condicionantes y mantengan las características bajo las cuales fueron autorizados.
La propuesta también contempla la actualización anual de los tabuladores utilizados para determinar el valor de obras de equipamiento urbano regional y municipal, particularmente cuando los trabajos no sean concluidos dentro del plazo establecido.
Con estas modificaciones, el Congreso mexiquense busca establecer reglas más claras para el desarrollo inmobiliario, fortalecer la vigilancia sobre las obras y generar condiciones que permitan ampliar el acceso a vivienda adecuada, incluida la modalidad de alquiler y con atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad.
