La diputada Ruth Salinas Reyes, integrante de la Bancada Naranja en el Congreso del Estado de México, advirtió que trasladar las funciones de transparencia a órganos de control sin autonomía ni recursos suficientes podría representar un retroceso en materia de rendición de cuentas.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora manifestó su rechazo al dictamen relacionado con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, al considerar que el nuevo modelo institucional no establece garantías suficientes para asegurar imparcialidad, independencia y capacidad operativa.
Salinas Reyes cuestionó el argumento de que las nuevas contralorías permitirán combatir la corrupción, reducir la opacidad y disminuir el gasto público. Señaló que actualmente diversas estructuras de control enfrentan limitaciones presupuestales, falta de personal especializado y condiciones que dificultan una vigilancia efectiva.
La diputada sostuvo que la voluntad de los funcionarios responsables no es suficiente para supervisar instituciones en las que persisten posibles prácticas irregulares. Como ejemplo, mencionó investigaciones recientes relacionadas con servidores públicos, entre ellas una indagatoria por la presunta venta de plazas docentes que habría generado un daño patrimonial superior a 100 millones de pesos.
También hizo referencia a la detención, en julio, de un coordinador general de gobierno, señalado por presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada, así como al caso de dos directores de la Secretaría del Medio Ambiente que fueron detenidos y vinculados a proceso por su probable participación en una red de extorsión contra verificentros y gasolineras.
Ante estos antecedentes, la legisladora consideró que la corrupción continúa representando un problema vigente y que el diseño del nuevo esquema de transparencia debe contemplar mayores controles institucionales.
Uno de sus principales cuestionamientos fue que la resolución de recursos y la garantía del derecho de acceso a la información quedarían en oficinas que, según señaló, podrían depender presupuestalmente de las mismas estructuras cuyos actos eventualmente tendrían que revisar.
Asimismo, criticó que la propuesta legislativa no establezca requisitos claros de idoneidad para quien encabece el nuevo organismo encargado de las funciones de transparencia. Advirtió que esta ausencia de criterios podría abrir la puerta a designaciones basadas en vínculos personales y no en capacidades profesionales.
Ruth Salinas afirmó que un órgano de transparencia subordinado a las estructuras de poder y sin contrapesos efectivos podría debilitar la rendición de cuentas y la protección de los recursos públicos.
Finalmente, aseguró que la Bancada Naranja mantendrá vigilancia sobre la implementación del nuevo modelo y exigirá mecanismos que garanticen independencia, profesionalización y transparencia en las instituciones encargadas de proteger el derecho de acceso a la información.
