El Congreso del Estado de México analizará una iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para actualizar el marco jurídico en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, luego de la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
La propuesta contempla la expedición de nuevas leyes estatales en estas materias y la creación de Transparencia Mexiquense, un organismo público desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica y operativa.
De acuerdo con la exposición de motivos, el nuevo esquema busca asumir las funciones que anteriormente correspondían al Infoem mediante una estructura administrativa más sencilla y con el aprovechamiento de recursos humanos y materiales ya existentes.
La iniciativa deriva de las reformas constitucionales aprobadas en junio de 2025, mediante las cuales se determinó la desaparición del organismo garante estatal. Ahora, el Congreso mexiquense deberá analizar las modificaciones necesarias para armonizar la legislación local con el nuevo modelo institucional.
El proyecto también plantea modificaciones a cinco ordenamientos estatales, entre ellos las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Archivos y Administración de Documentos y del Sistema Anticorrupción, además de los códigos Administrativo y Financiero.
La propuesta sostiene que la reducción de la estructura institucional permitiría disminuir los gastos de operación asociados al antiguo instituto, al distribuir sus atribuciones entre autoridades ya constituidas y el nuevo organismo especializado.
El Estado de México enfrenta, además, una amplia responsabilidad en materia de transparencia debido a la cantidad de instituciones sujetas a las obligaciones legales. De acuerdo con datos citados en la iniciativa, la entidad cuenta con 332 sujetos obligados, entre autoridades y organismos que deben garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Asimismo, el documento refiere que la entidad se ubicó en el sexto lugar nacional por número de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, con mil 520 solicitudes registradas durante 2022, según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Con el nuevo modelo, el Gobierno estatal busca concentrar y reorganizar las funciones relacionadas con estos derechos, con el argumento de establecer un sistema más eficiente y acorde con el marco constitucional vigente.
La iniciativa será sometida al análisis de las y los legisladores mexiquenses, quienes deberán determinar si el nuevo esquema institucional y las reformas propuestas permiten garantizar el derecho ciudadano a conocer información pública y proteger sus datos personales.
