El presidente municipal de Zinacantepec rechazó las versiones que lo señalan como denunciado por presunto desvío de recursos públicos y aseguró que no existe ninguna denuncia penal presentada directamente en su contra, luego de que la síndica municipal, María Félix González Zepeda, acudiera a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por presuntas irregularidades relacionadas con la regularización de bienes inmuebles del Ayuntamiento.
En conferencia de prensa, acompañado por el secretario del Ayuntamiento, el secretario técnico y directores de diversas áreas municipales, el alcalde afirmó que en distintos medios de comunicación y plataformas digitales se difundió información incorrecta al señalar que la denuncia fue presentada en su contra, cuando, dijo, el documento oficial establece que la investigación fue promovida contra quien resulte responsable y que la propia síndica aparece como víctima dentro de la carpeta.
El edil sostuvo que se ha intentado generar una percepción equivocada entre la ciudadanía al vincularlo directamente con un presunto desvío de recursos o con la intención de apropiarse de bienes municipales, versión que rechazó categóricamente al asegurar que todo el procedimiento administrativo relacionado con los inmuebles ha sido transparente y se encuentra debidamente documentado.
Durante la conferencia, el secretario del Ayuntamiento explicó que el origen de la controversia deriva del proceso de regularización de diversos predios que forman parte del patrimonio municipal, algunos de ellos donados desde hace varios años por desarrolladores inmobiliarios como parte de los conjuntos urbanos autorizados por el Gobierno del Estado de México.
Precisó que dichos inmuebles permanecieron durante distintas administraciones sin concluir su proceso de incorporación formal al patrimonio municipal, por lo que la actual administración emprendió acciones para otorgarles certeza jurídica y garantizar que continúen siendo utilizados para servicios públicos, equipamiento urbano y espacios comunitarios.
De acuerdo con las autoridades municipales, el procedimiento seguido se realizó conforme a lo establecido en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y en la Ley Orgánica Municipal, mediante un proceso que contempla la intervención de diversas áreas administrativas y jurídicas del Ayuntamiento.
Explicaron que, una vez recibida la documentación correspondiente a los predios, ésta fue analizada por el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, integrado por representantes de la Secretaría del Ayuntamiento, la Consejería Jurídica, la Tesorería, el Órgano Interno de Control y la Sindicatura Municipal.
Los funcionarios aseguraron que la síndica María Félix González Zepeda participó en las sesiones de dicho comité, donde se presentó la documentación relacionada con los inmuebles y, según afirmaron, no manifestó observaciones, objeciones o inconformidades respecto al procedimiento administrativo.
Asimismo, señalaron que posteriormente el tema fue sometido a consideración del Cabildo, órgano máximo de gobierno municipal, donde también fue aprobado por unanimidad, incluyendo el voto favorable de la propia síndica, situación que, afirmaron, quedó asentada en las actas oficiales de las sesiones.
El secretario del Ayuntamiento indicó que incluso existen grabaciones y documentos que, según dijo, acreditan que durante las reuniones técnicas y administrativas no se expresó ninguna inconformidad respecto al proceso de regularización, por lo que calificó como contradictoria la posterior presentación de la denuncia.
Las autoridades municipales sostuvieron además que la regularización de bienes inmuebles constituye una atribución legal de la Sindicatura Municipal, por lo que consideraron que, si la denuncia solicita investigar posibles omisiones administrativas, corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron responsabilidades dentro de esa área del Ayuntamiento.
Por su parte, el alcalde reiteró que nunca ha existido la intención de adjudicar bienes municipales a servidores públicos y aseguró que la administración únicamente busca concluir procesos administrativos que permanecieron pendientes durante varios años, con el propósito de proteger el patrimonio del municipio y brindar certeza jurídica sobre los inmuebles públicos.
El presidente municipal también anunció que dará vista a la Contraloría del Poder Legislativo respecto de las presuntas omisiones administrativas en las que, a consideración de su gobierno, habría incurrido la síndica municipal durante este procedimiento, para que sean las autoridades competentes quienes determinen si existe alguna responsabilidad.
Asimismo, informó que, a partir de esta semana, su administración ofrecerá conferencias de prensa de manera periódica con el objetivo de informar sobre las acciones del gobierno municipal, aclarar temas de interés público y responder a la información que considere falsa o imprecisa.
Finalmente, el alcalde reiteró que continuará con el proceso de regularización de los bienes inmuebles del municipio conforme a la legislación vigente y sostuvo que toda la documentación relacionada con estos procedimientos, así como las actas del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles y del Cabildo, son de carácter público y pueden ser consultadas por la ciudadanía para garantizar la transparencia de las actuaciones del Ayuntamiento.
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