Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de fiscalización y combate a la corrupción, el Gobierno del Estado de México suscribió un convenio de colaboración que permitirá a la Secretaría de la Contraloría acceder de manera directa a información registral sobre bienes inmuebles para la revisión patrimonial de las personas servidoras públicas.
El acuerdo fue firmado entre la Secretaría de la Contraloría y el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), lo que facilitará la consulta segura de datos contenidos en el Sistema de Información de la Función Registral del Estado de México (SIFREM).
Gracias a esta herramienta, las autoridades podrán obtener información registral de manera más rápida y eficiente para respaldar auditorías, investigaciones y procedimientos de verificación patrimonial, fortaleciendo así los procesos de rendición de cuentas.
Durante la firma del convenio, la secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, destacó que esta acción permitirá mejorar las capacidades institucionales para supervisar la congruencia patrimonial de los servidores públicos y detectar posibles irregularidades con mayor oportunidad.
La funcionaria señaló que el uso estratégico de la tecnología contribuirá a optimizar recursos, reducir tiempos de respuesta y fortalecer las acciones orientadas a garantizar una gestión pública transparente y responsable.
Por su parte, David Silva Miranda, director general del IFREM, resaltó que la coordinación entre instituciones favorece una mayor eficiencia en los procesos de control interno y fiscalización, además de cerrar espacios a prácticas discrecionales en el servicio público.
Las autoridades coincidieron en que este convenio representa un avance en la consolidación de mecanismos de transparencia y control gubernamental, al facilitar el intercambio de información confiable para la supervisión del patrimonio de quienes desempeñan funciones públicas.
Con esta medida, el Gobierno estatal busca reforzar la confianza ciudadana mediante herramientas que permitan fortalecer la integridad institucional y la vigilancia sobre el correcto ejercicio de la función pública.
