La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha logrado un avance sin precedentes en el combate a la infiltración criminal dentro de las instituciones. A través de la Operación “Enjambre”, una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno, se han obtenido sentencias condenatorias que suman un total de mil 146 años y seis meses de prisión en contra de 20 objetivos prioritarios. Esta operación, apoyada por la SSPC, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y el CNI, tiene como objetivo desarticular redes delictivas que operaban en territorio mexiquense bajo el amparo de presidentes municipales, comisarios y elementos de seguridad.
El origen de esta ofensiva se remonta al hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de Nicolás Romero, donde las investigaciones revelaron la participación directa de mandos y elementos de la policía local en graves delitos. A partir de ese momento, el despliegue de inteligencia de campo y gabinete permitió identificar a funcionarios y exservidores públicos involucrados en homicidios, secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas. Los jueces del Poder Judicial del Estado de México han validado las pruebas aportadas por la Fiscalía, dictando 15 sentencias contundentes que buscan restaurar el orden y la legalidad en las corporaciones de seguridad del estado.
Entre los casos más destacados se encuentra la sentencia de 70 años contra María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, por homicidio, y la condena acumulada de 190 años para Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Nicolás Romero, por homicidio y secuestro exprés. Asimismo, mandos de seguridad de municipios como Tlatlaya, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan y Tonatico han recibido penas que oscilan entre los 40 y los 116 años de prisión. Estas sentencias envían un mensaje contundente: no habrá impunidad para quienes, teniendo el deber de proteger a la ciudadanía, opten por colaborar con grupos criminales o participar en actos de violencia de alto impacto.
La Fiscalía del Estado de México ha reafirmado que las acciones de la Operación “Enjambre” son permanentes y no se detendrán en los casos ya resueltos. Actualmente, se continúa con la integración de nuevos expedientes en contra de servidores públicos tanto de administraciones pasadas como actuales que presenten vínculos con la delincuencia organizada. El compromiso institucional es judicializar cada caso de traición al servicio público para garantizar que las instituciones de seguridad y justicia operen libres de corrupción, devolviendo la confianza y la paz social a los habitantes de la entidad mexiquense.
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