La igualdad económica entre mujeres y hombres debe asumirse como una prioridad en el servicio público, al ser un elemento esencial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, afirmó la especialista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Andrea Olivia Martínez López.
Durante una conferencia impartida al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), la especialista explicó que la autonomía económica incide directamente en la libertad, seguridad, capacidad de decisión y en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Señaló que, aunque los derechos de las mujeres estén reconocidos en la ley, persisten múltiples obstáculos estructurales que limitan su acceso real a oportunidades educativas, laborales y productivas, así como a mejores condiciones de vida.
Entre las principales barreras identificó la distribución desigual de las tareas de cuidado, la precarización laboral, la discriminación en el acceso a créditos, la falta de redes de apoyo económico, los llamados “techos de cristal” y la persistente brecha salarial.
Martínez López subrayó que incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas resulta indispensable para identificar estas desigualdades y avanzar hacia una igualdad sustantiva que permita a las mujeres desarrollar autonomía económica real.
Indicó que contar con ingresos propios y con posibilidades efectivas de sostener su proyecto de vida fortalece la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su educación, salud, movilidad, maternidad y relaciones personales.
Finalmente, sostuvo que promover la autonomía económica femenina no debe limitarse a una política aislada, sino consolidarse como una estrategia integral para ampliar el ejercicio de derechos humanos y reducir escenarios de vulnerabilidad.
