En la Primera Sesión Ordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la propuesta de solicitud de ampliación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026. Al respecto, la Consejera Presidenta Amalia Pulido Gómez enfatizó que se trata de una propuesta responsable, elaborada bajo criterios de austeridad, racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Pulido Gómez subrayó que el financiamiento solicitado tiene como propósito garantizar las condiciones mínimas indispensables para que el Instituto cumpla adecuadamente con su función, así como avanzar de manera oportuna en las tareas preparatorias del próximo proceso electoral.
La Consejera Presidenta detalló que la ampliación del presupuesto solicitada es de 361.5 millones de pesos de los que 25.08% será destinado para actividades ordinarias y 74.92% a la preparación del proceso electoral de 2027, incluyendo contratación de personal, operación de órganos desconcentrados, materiales electorales y un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Finalmente, destacó que, como parte de un esfuerzo institucional por ajustar requerimientos, priorizar recursos y garantizar un uso responsable del gasto público sin afectar la calidad de las elecciones, ni la confianza ciudadana en los procesos, el monto aprobado para el ajuste presupuestal es 94 millones de pesos menor al originalmente previsto en 2025.
Por su parte, la Consejera Electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya votó a favor el Acuerdo y reconoció el trabajo de las áreas técnicas, al señalar que sus proyectos permiten una planeación clara y ordenada e indicó que esta labor refleja experiencia y compromiso institucional.
Además, precisó que el proceso electoral de 2027 será especialmente complejo, ya que implicará la renovación de ayuntamientos, diputaciones y una posible elección judicial. Añadió que el elevado número de cargos en disputa demanda fortalecer la planeación y organización desde ahora para garantizar su adecuada realización. También, la Consejera anunció la presentación de un voto concurrente, pues aseveró que cada peso erogado debe estar plenamente justificado.
En su intervención, la Consejera Electoral July Erika Armenta Paulino señaló que la ampliación presupuestal es indispensable para garantizar la calidad de las elecciones en congruencia con el estándar que el Instituto ha sostenido durante tres décadas.
Armenta Paulino, advirtió que 2027 implicará mayores exigencias operativas. Por ello, consideró indispensable contar oportunamente con los recursos para evitar riesgos en la organización electoral.
Consejeras aprueban diversos lineamientos
En la misma sesión, el Consejo General aprobó el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones o Agrupaciones de Ciudadanos que pretendan obtener su registro como Partido Político Local; el Código de Ética y Buenas Prácticas Editoriales; los Lineamientos para la publicación de contenidos en el sitio web, así como el Manual de Procedimientos de la Oficialía de Partes del IEEM, así como el Reglamento de Inscripción en los Libros de Registro de las Modificaciones a Documentos Básicos, Integración de Órganos Directivos y Representaciones de Partidos Políticos ante el Consejo General del IEEM.
Al respecto de lo anterior, la Consejera Electoral Melgarejo Salgado destacó que la revisión y actualización constante de la normatividad interna permite que el Instituto cuente con reglas vigentes y acordes a su contexto actual.
La Consejera subrayó que la actualización permanente de la normatividad permite al Instituto contar con reglas vigentes y acordes a su contexto, y destacó que estos instrumentos fortalecen tanto los procesos editoriales —al incorporar criterios sobre inteligencia artificial y prevenir malas prácticas— como la gestión institucional, al ordenar la publicación de contenidos, dar mayor certeza a la Oficialía de Partes y establecer reglas claras para el registro y funcionamiento de los partidos políticos.
Señaló que estas actualizaciones generan beneficios directos al fortalecer la certeza, la transparencia y la eficiencia institucional además de agilizar procesos, definir responsabilidades y mejorar la gestión interna, lo que se traduce en un mejor servicio y mayor confianza para la ciudadanía.
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