El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala riesgos para la economía mexicana derivados de la reforma al Poder Judicial y de cambios institucionales impulsados por el partido Morena.
A través de redes sociales y durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador del Partido Revolucionario Institucional afirmó que politizar la justicia, desaparecer órganos autónomos y concentrar el poder puede afectar la confianza de inversionistas, el crecimiento económico y la estabilidad democrática del país.
El análisis citado por el diputado forma parte del informe “México 2026” elaborado por la OCDE, el cual, según explicó, advierte que debilitar la independencia del Poder Judicial y reducir los contrapesos institucionales podría impactar la competitividad y la generación de empleo.
Durante el programa, el abogado Julián Proa señaló que el documento también analiza el proceso para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, realizado en 2025, en el que participó aproximadamente el 13% del electorado, lo que —dijo— genera cuestionamientos sobre la legitimidad de los funcionarios electos y el riesgo de politizar la impartición de justicia.
El especialista explicó que, mientras las grandes empresas pueden recurrir a mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas, las pequeñas y medianas empresas nacionales dependen directamente de los tribunales locales, por lo que serían las más vulnerables ante posibles cambios en el sistema judicial.
Por su parte, el analista en finanzas públicas Mario Di Costanzo señaló que otro de los puntos críticos mencionados en el informe es la desaparición de organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Los participantes coincidieron en que México requiere instituciones sólidas, certeza jurídica y reglas claras para mantener la confianza económica y fomentar el crecimiento del país.
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