El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó tras la marcha de la Generación Z, que contuvo expresiones de violencia en el Zócalo capitalino, estimando que se congregaron 17 mil manifestantes.
Los funcionarios capitallinos aseguraron que se garantiza el derecho a la libre manifestación; pero rechazaron el uso de la violencia que atribuyeron a grupos de la derecha que, -segun esgrimieron- "ante la falta confianza del pueblo, recurren al vandalismo, las agresiones y los daños a las personas y su patrimonio, alejándose de la vida democrática que hoy se percibe en todo el país con la consolidación de la Cuarta Transformación".
Describieron que urante el avance de la movilización, se registró el ingreso de alrededor de mil personas embozadas al Zócalo, quienes, de manera violenta, derribaron las vallas de Palacio Nacional con martillos, cadenas, alicates y el lanzamiento de proyectiles explosivos. Ante ello, los elementos de la SSC se movilizaron para formar una valla humana con la intención de salvaguardar la integridad de todas las personas manifestantes.
Ante esta reacción, los grupos violentos iniciaron agresiones directas contra la policía, como golpes, robo de escudos y lanzamiento de artefactos explosivos, por lo que sostienen que la Policía de la Ciudad de México exclusivamente realizó trabajos de contención, sin responder a las provocaciones, utilizando extintores para evitar conatos de incendio.
Como resultado, reportan la detención de 20 personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades, además de la remisión de 20 más por faltas administrativas. Asimismo, se registró un total de 60 policías lesionados que fueron atendidos en el sitio y 40 que requirieron traslado a hospitales para su valoración.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, sin presentar mayores elementos, señaló en conferencia de prensa junto al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, que la convocatoria de la marcha confirmó su carácter provocador, pues buscaba generar daños y afectar instalaciones como Palacio Nacional y la Suprema Corte. Destacó que algunos dirigentes de la derecha encabezaron la movilización, donde participaron pocos jóvenes, y lamentó que la oposición recurra a la violencia en lugar de expresar sus diferencias de manera pacífica y mediante argumentos, alejándose del debate democrático.
Asimismo, explicó que las vallas colocadas en Palacio Nacional tenían como objetivo evitar confrontaciones entre manifestantes y cuerpos policiales, y que su derribo obligó a conformar una valla humana para impedir actos de saqueo y vandalismo. Reafirmó que el Gobierno capitalino respeta la libre manifestación y las garantías individuales, pero reprobó la actuación de quienes promovieron la movilización y recurrieron a la violencia, ocultando su identidad y cuestionando preventivamente las medidas de seguridad implementadas.
Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, condenó los hechos violentos ocurridos durante la marcha, promovidos por grupos organizados. Señaló que resulta inaceptable que una movilización convocada como un acto contra la violencia haya recurrido, precisamente, a expresiones violentas.
Detalló que la SSC desplegó un operativo inicial de 800 elementos de la Policía Preventiva, Metropolitana, Auxiliar, Bancaria e Industrial, así como de la Subsecretaría de Control de Tránsito y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes acompañaron a los contingentes con equipo de protección personal y extintores, en estricto cumplimiento de los protocolos policiales para garantizar el derecho a la libre manifestación.
Los funcionarios no rindieron informe sobre ciudadanos lesionados.
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