El quinto regidor de Timilpan, Ramiro Pérez Santiago, denunció presuntas irregularidades en la aplicación del presupuesto municipal, así como falta de transparencia en la ejecución de obras y bloqueos de información por parte del alcalde Isaías Lugo García.
El regidor con la comisión del agua, explicó que en el cabildo las obras se aprueban por montos globales, sin que se presenten fichas técnicas ni desglose de materiales o costos unitarios. Sin embargo, al revisar los proyectos directamente en las comunidades, detectó presupuestos inflados y discrepancias en los recursos ejercidos.
“Comencé a observar que los montos no coincidían con el tipo de obras que se realizaban; por ejemplo, un puente que se etiquetó con medio millón de pesos y luego se reajustó a 400 mil, pero aún así resultaba muy caro. Investigamos los costos de materiales y confirmamos que la empresa estaba cobrando muy por encima del valor real”, relató.
Entre las inconsistencias detectadas, dijo que al revisar la lista de obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) se reportó un caso de alumbrado público donde el costo por cada lámpara instalada ascendía a 50 mil pesos, lo que calificó como excesivo.
Pérez Santiago detalló que este año se aprobaron dos partidas principales para obra pública: una del FEFOM, con 18 millones de pesos para 25 proyectos, y otra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), por 17 millones 780 mil pesos, para 20 obras más. En total, 45 obras programadas, además de un presupuesto de libre disposición de 78 millones de pesos, de los cuales aseguró no hay claridad sobre el destino de alrededor de 12 millones. A esto se suman recursos de Hacienda Municipal estimados en 22 a 23 millones de pesos.
El regidor acusó al alcalde Isaías Lugo García de mantener la información financiera bajo reserva y ordenar a las áreas municipales negar datos solicitados.
“Los directores, incluso Tesorería y Sindicatura, nos entregan información incompleta o evasiva, porque así lo ordena el presidente. Queremos que la ciudadanía sepa lo que está pasando con el presupuesto y que se aplique la ley”, afirmó.
El regidor advirtió que el presidente municipal favorece con obras a las comunidades afines a su partido, mientras que localidades rurales continúan rezagadas.
“El recurso debe ejecutarse sin distinción partidaria; las obras son para la gente, no para un grupo político”, subrayó.
Pérez Santiago también señaló que faltan varias obras por ejecutar ,por lo que está realizando una revisión detallada de los proyectos para verificar que los recursos se apliquen conforme a lo aprobado en actas y listas oficiales.
Asimismo, recordó que el cuerpo edilicio aprobó desde el 10 de mayo la destitución del secretario del Ayuntamiento, decisión que no ha sido acatada.
Acusó que el funcionario no convoca en tiempo y forma a las sesiones y omite los puntos que los regidores solicitan incluir en el orden del día, obedeciendo únicamente a las instrucciones del alcalde.
“La ley es clara: los acuerdos de cabildo no pueden revocarse arbitrariamente. Aquí se están ignorando decisiones colegiadas, lo que demuestra un vacío profundo en la aplicación de la ley”, sostuvo.
Ante esta situación, Pérez Santiago solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, a través de los diputados locales, para realizar una revisión exhaustiva del manejo del presupuesto municipal.
“Estamos pidiendo una audiencia con el contralor y con el secretario de Gobierno, porque lo que queremos es que se cumpla la ley y que el dinero público se use de forma transparente y en beneficio de las comunidades”, concluyó.
El caso de Timilpan se suma a los señalamientos sobre el uso discrecional de recursos municipales en la región norte del Estado de México, donde habitantes y el síndico de El Oro también han denunciado irregularidades y bloqueos de información por parte de la presidencia.Ambos municipios enfrentan crecientes exigencias de transparencia y supervisión en la ejecución de obras públicas, así como llamados de los cabildos y la ciudadanía para garantizar una administración más abierta y responsable.
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