Vecinos de la colonia San Rafael, en el municipio de El Oro, denunciaron que la presidenta del DIF municipal, Ángela Peñaloza, mandó construir una barda que bloquea por completo una calle de acceso público, impidiendo el paso de vehículos y peatones.
La estructura fue levantada el pasado 27 de septiembre frente a su vivienda, bajo el argumento de que el ruido de los automóviles “le resultaba molesto”.Desde entonces, aseguran los afectados, más de diez familias no pueden sacar sus vehículos ni transitar libremente, incluso a pie el paso se ha vuelto complicado.
“No podemos salir con los carros de nuestras casas, y con ellos nos movemos para trabajar. Construyó la barda de manera arbitraria”, expresaron los vecinos inconformes.
Los habitantes afirman que no es la primera acción irregular de la servidora pública. “Antes ya había puesto topes en lugares no permitidos, sin autorización ni consulta”, señalaron.
De acuerdo con los testimonios, la funcionaria ha sido grosera y déspota cuando los vecinos intentan dialogar con ella. “No se presta a hablar y hasta insulta”, acusaron.
Ante la afectación, los colonos acudieron al síndico municipal y al titular de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Cruz Martínez, quienes recibieron un oficio firmado por los afectados. Sin embargo, ya pasó más de una semana desde que se presentó el documento y no han obtenido respuesta ni se ha retirado la construcción.
" Metimos un oficio y lo tenemos firmado, pero es fecha en la que no nos dicen qué va a proceder. En el municipio no nos hacen caso porque la señora es hermana de la presidenta”, denunciaron.
De acuerdo con los testimonios vecinales, la alcaldesa Elizabeth Díaz Peñaloza ya está al tanto de la situación e incluso ha acudido en varias ocasiones a la casa de su hermana, custodiada por patrullas municipales.
Los vecinos reportaron además la presencia constante de una unidad policial frente al domicilio de la funcionaria, lo que consideran un intento de protección oficial.
“Tanto la policía como la alcaldesa saben de la situación y no hacen nada más que protegerla”, señalaron.
Ante la falta de respuesta, los afectados advirtieron que, si las autoridades municipales continúan omisas, presentarán una denuncia ante la Fiscalía estatal por abuso de poder y obstrucción de una vía pública, al considerar que se trata de un acto ilegal que vulnera sus derechos como ciudadanos.
“Solo pedimos que retiren la barda y nos devuelvan el paso. Las calles son públicas, no propiedad de una funcionaria”, concluyeron.
De acuerdo con la legislación vigente en el Estado de México, las autoridades están obligadas a garantizar la libre circulación de personas y vehículos en las vías públicas. La Ley de Movilidad y Seguridad Vial establece que cualquier acción que impida o restrinja este derecho puede considerarse una infracción.
El Reglamento de Tránsito del Estado de México indica que el uso de las calles debe ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias, y cualquier uso indebido puede ser sancionado.
Asimismo, el Código Administrativo del Estado de México faculta a los municipios para imponer sanciones por actos que contravengan la ley en materia de vialidad y seguridad pública. Bloquear una vía pública sin autorización puede considerarse una infracción administrativa, sujeta a multas o a la remoción de la obstrucción.
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Con información de Ultranoticias https://ultranoticias.com.mx/categoria/donde-tu-vives/estado-de-mexico/
