- Cuentan con órdenes de extradición y acusaciones por tráfico de drogas y personas, homicidio, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en representación del Gabinete de Seguridad, informó que el traslado de 26 generadores de violencia hacia los Estados Unidos fue una decisión soberana del Consejo de Seguridad Nacional, orientada a la protección de la población de nuestro país, que no responde a ningún tipo de negociación.
Acompañado por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; García Harfuch informó que esta acción se realizó en coordinación, cooperación y reciprocidad internacional con el Gobierno de Estados Unidos. Y añadió que se acordó con el Departamento de Justicia de ese país no solicitar la pena de muerte.
Agregó que el traslado es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, en atención a la Ley de Seguridad Nacional, además de estar alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión para la protección del país.
García Harfuch explicó que las 26 personas privadas de su libertad se encontraban recluidas en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales, contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El secretario de Seguridad abundó que, estas acciones tomaron lugar en vista de que estos delincuentes de alto perfil aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos; sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación.
Esto, según relató, representaba un riesgo inaceptable para la seguridad pues, muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad e incluso se preveía que otros actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo delictivo o incluso un riesgo de fuga.
“Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, expresó.
En su intervención, el fiscal Gertz Manero señaló que estas acciones se realizan para defender a la población y la soberanía; “existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo”.
“La Ley de Seguridad Nacional viene desde el año 2005 y en su artículo quinto establece todas las premisas que son necesarias para actuar como estamos actuando. La base constitucional está en el artículo 89 de la Constitución de la República y tenemos también las bases internacionales como la Convención de Palermo”, refirió el fiscal Gertz Manero.
Como parte de las labores de cooperación y respeto a la soberanía de ambas naciones, el traslado de dichas personas se realizó bajo los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos. En este despliegue participaron 988 efectivos, 12 aeronaves y 90 vehículos.
De las personas referidas, 14 de ellas fueron extraídas de centros penitenciarios federales, 11 provenían de centros penitenciarios en la Ciudad de México y uno del estado de Baja California, quienes fueron trasladadas vía aérea hacia Phoenix, Arizona; White Plains y John F. Kennedy, Nueva York; Dulles, Virginia y San Diego, California.
Actualmente, los centros penitenciarios en los que se encontraban dichas personas operan con normalidad y no se registró ningún incidente durante estas operaciones.
Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reafirma el compromiso de garantizar la seguridad del pueblo de México.
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