El reporte recoge la implicación de 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas; destaca que en más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación o ataque contra defensores de derechos humanos y señala que las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; por impactos negativos a la salud y falta de cumplimiento de los derechos indígenas.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitará México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016 para examinar los esfuerzos del Gobierno y las empresas para prevenir y abordar los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos, en línea con los Principios Rectores de la ONU. El grupo se reunirá con funcionarios gubernamentales y grandes empresas, incluidas estatales, con diversos actores de la sociedad civil, con personas defensoras de derechos humanos y con representantes de los pueblos y comunidades indígenas.
Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas expondrán impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Por los impactos negativos ocasionados y por sugerencia de sociedad civil, el grupo de la ONU se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, TransCanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
El colectivo de organizaciones denunció que impiden el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos la complicidad del Estado con los intereses empresariales por encima de la protección del interés público; reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética; la falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos.
Con información de http://centroprodh.org.mx/