El dictamen a la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas, aprobado en el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones que presidió la diputada Mirian Sánchez Monsalvo (morena), busca evitar casos de injusticia, como cuando la institución que otorgó el crédito hipotecario se fusiona con otra, entra en liquidación o deja de existir, y el deudor queda en estado de indefensión al no contar con las herramientas jurídicas necesarias para gestionar la cancelación del gravamen del derecho real inscrito.
Los inmuebles que actúan como garantía en el pago de un crédito generan el nacimiento, la extinción o modificación de derechos reales, por lo que debe tener una duración prefijada en el tiempo que en derecho genere caducidad.
Por lo tanto, las reformas a los códigos Civil y Financiero de la entidad establecen la extinción de la inscripción registral de garantías mediante el pago de los derechos correspondientes, por lo que los gravámenes inscritos en el registro público podrán cancelarse a petición de la parte interesada con un escrito dirigido al titular de la oficina registral correspondiente.