Por la manera en que se ha desarrollado el proyecto del Tren Maya, obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México comete un ecocidio y un etnocidio, dado que viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país; así lo determinó este miércoles el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
Según el veredicto del Tribunal, es imoperdonable la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales, establece el informe.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y difundir violaciones de los derechos del medio ambiente, cuyo veredicto es suscrito por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, quienes consoderaron el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
Consideran específcamente que la ruta del tren abarca regiones que son consideradas grandes hábitats de biodiversidad, y constituyen los territorios de vida de las comunidades mayas que las han habitado desde tiempos ancestrales, y que hoy mantienen sus prácticas tradicionales en armonía con la Naturaleza. Su construcción preocupa, dado que para abrirle paso, se sacrificarán más de 2 mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas, que representarían casi 9 millones de árboles.
Afectará además a cavidades subterráneas como cenotes, cuevas y ríos subterráneos, dado que transitará por encima de estos ecosistemas únicos que resguardan especies endémicas.
La pérdida de la biodiversidad a raíz del deterioro y modificación de los hábitats que genera esta construcción afectaría a muchas especies en peligro, como el jaguar.
Otros efectos colaterales que implica esta transformación de ecosistemas son la contaminación acústica, los incendios, la afectación de reservas de agua y de gestión de residuos, daño a la fauna, contaminación de la selva y fragmentación de ecosistemas, entre otros.
Los veredictos del Tribunal, si se aplican al más alto nivel, podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, un tribunal de ética civil inspirado en el Tribunal Internacional de los Crímenes de Guerra, el Tribunal Permanente de los Pueblos y otros esfuerzos populares de este tipo para compensar el fracaso e inacción del Estado a la hora de hacer justicia; solicita ahora a las Naciones Unidas -y a las naciones en general- que asuman el trabajo que lleva cumpliendo hace años y defiendan los derechos fundamentales de la naturaleza.
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