El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política estatal para reconocer el derecho de las y los mexiquenses a un buen gobierno, abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, incluyente y racional, de acuerdo con la propuesta del diputado Sergio García Sosa, coordinador del grupo parlamentario del PT.
En sesión deliberante, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI) expuso el dictamen, el cual también establece que el Estado promoverá y vigilará este derecho, mientras que la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento, a fin de que la administración pública, en su conjunto, se ajuste, diseñe y funcione a partir de garantizar este derecho.
De acuerdo con el dictamen, poner a la persona en el centro de la actividad administrativa del Estado conlleva la obligación de las administraciones públicas de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública y de actuar efectivamente al servicio de las personas.
Precisa que el derecho a la buena administración se refiere a la recuperación de la perspectiva ética, de servicio objetivo a la ciudadanía, que siempre ha caracterizado a las administraciones públicas.
Se trata de que la ciudadanía tenga el derecho a exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones de gobierno, de modo que el servicio público esté orientado al interés general, y donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia y honestidad, así como el acceso a la información y la transparencia, y la motivación de las decisiones de gobierno sean principios exigibles de actuación.
CLAVES
- Fue aprobada por unanimidad la reforma impulsada por el diputado Sergio García Sosa.
- Se trata de que la ciudadanía tenga el derecho a exigir determinados estándares en el funcionamiento de las instituciones de gobierno
#BuenGobierno #ConstituciónMexiquense #Reforma #Legislatura #SergioGarcíaSosa #OscarGlenn
En sesión deliberante, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI) expuso el dictamen, el cual también establece que el Estado promoverá y vigilará este derecho, mientras que la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento, a fin de que la administración pública, en su conjunto, se ajuste, diseñe y funcione a partir de garantizar este derecho.
De acuerdo con el dictamen, poner a la persona en el centro de la actividad administrativa del Estado conlleva la obligación de las administraciones públicas de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública y de actuar efectivamente al servicio de las personas.
Precisa que el derecho a la buena administración se refiere a la recuperación de la perspectiva ética, de servicio objetivo a la ciudadanía, que siempre ha caracterizado a las administraciones públicas.
Se trata de que la ciudadanía tenga el derecho a exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones de gobierno, de modo que el servicio público esté orientado al interés general, y donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia y honestidad, así como el acceso a la información y la transparencia, y la motivación de las decisiones de gobierno sean principios exigibles de actuación.
CLAVES
- Fue aprobada por unanimidad la reforma impulsada por el diputado Sergio García Sosa.
- Se trata de que la ciudadanía tenga el derecho a exigir determinados estándares en el funcionamiento de las instituciones de gobierno
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