Dilación, falta de transparencia, conflicto de intereses e incumplimiento de sentencias son de las conductas más comunes en las quejas que recibe el OIC
Un total de 286 denuncias contra servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, fueron reportadas en el informe anual de su Órgano Interno de Control (OIC), entregado este jueves por su titular, Everardo Camacho Rosales, a la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
El contralor del tribunal, destacó que en su primer año en el cargo, de agosto de 2021 a agosto de 2022, se recibieron quejas por hechos registrados desde 2018 a la fecha, de los cuales 66 preescribieron y 220 continúan en investigación para en su caso establecer sanciones.
Los casos más frecuentes por los que se denuncia a servidores públicos de este tribunal, dijo, tienen que ver con la falta de atención o demora en los juicios, incumplimiento de sentencias, conflicto de intereses y falta de transparencia.
“De lo que se queja toda la ciudadanía es de la omisión o la dilación en el de atención de juicios, el cumplimiento de sentencias, la falta de acuerdo, tenemos algunos casos de actuación bajo conflicto de intereses, no dar atención a las resoluciones de transparencia, no atender los requerimientos”.
Camacho Rosales, destacó que con base en el programa anual de auditoría del OIC, se revisó el Fondo Auxiliar para la Justicia Administrativa y se detectó falta de conciliación con la Secretaría de Finanzas respecto al cobro de multas y derechos del Tribunal, por lo que ahora se verifica que haya un informe mensual de todos los cobros que se hacen y de 400 mil pesos con los que se encontró el fondo, ahora hay 5 millones de pesos.
Agregó que en este año de funciones, se ha encontrado que existe un déficit de servidores públicos en el Tribunal de Justicia Administrativa que se considera, debe corregirse, además de la necesidad de que este órgano autónomo, asuma el control de sus recursos al 100%, ya que hoy es la Secretaría de Finanzas del Estado de México, la que maneja su pago de nómina.
El contralor del tribunal, destacó que en su primer año en el cargo, de agosto de 2021 a agosto de 2022, se recibieron quejas por hechos registrados desde 2018 a la fecha, de los cuales 66 preescribieron y 220 continúan en investigación para en su caso establecer sanciones.
Los casos más frecuentes por los que se denuncia a servidores públicos de este tribunal, dijo, tienen que ver con la falta de atención o demora en los juicios, incumplimiento de sentencias, conflicto de intereses y falta de transparencia.
“De lo que se queja toda la ciudadanía es de la omisión o la dilación en el de atención de juicios, el cumplimiento de sentencias, la falta de acuerdo, tenemos algunos casos de actuación bajo conflicto de intereses, no dar atención a las resoluciones de transparencia, no atender los requerimientos”.
Camacho Rosales, destacó que con base en el programa anual de auditoría del OIC, se revisó el Fondo Auxiliar para la Justicia Administrativa y se detectó falta de conciliación con la Secretaría de Finanzas respecto al cobro de multas y derechos del Tribunal, por lo que ahora se verifica que haya un informe mensual de todos los cobros que se hacen y de 400 mil pesos con los que se encontró el fondo, ahora hay 5 millones de pesos.
Agregó que en este año de funciones, se ha encontrado que existe un déficit de servidores públicos en el Tribunal de Justicia Administrativa que se considera, debe corregirse, además de la necesidad de que este órgano autónomo, asuma el control de sus recursos al 100%, ya que hoy es la Secretaría de Finanzas del Estado de México, la que maneja su pago de nómina.
