El sector salud presentó las mayores inconsistencias 9,978 millones de pesos, similar al presupuesto aprobado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el mismo año (10,939 millones).
La Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó la segunda parte de los hallazgos encontrados de la Auditoría Superior de Fiscalización durante el 2020.
Destacaron que del total de 63,011 millones de pesos de irregularidades que encontró la ASF en el gasto hecho en 2020, 41,396 millones corresponden al Gasto Federalizado. Significa que, 66 de cada 100 pesos de las anomalías documentadas corresponden a las aportaciones, participaciones y convenios mediante los cuales la federación transfirió recursos a los gobiernos locales.
Informaron una de las razones que demuestra este hecho es que esta categoría tuvo la mayor cantidad de auditorías (1,235 de las 1616), y que la muestra auditada fuera la segunda más grande.
Cabe señalar que los recursos transferidos de la federación a las entidades federativas se dividen entre los distintos poderes y órdenes de gobierno que hay en cada estado. De esta forma MCCI encontró que al dividir los 41,396 millones de irregularidades de las transferencias federales entre los entes auditados se puede observar que el 65% corresponde al ejecutivo de cada entidad federativa, 14.6% a los convenios de las dependencias federales, 14.2% a las administraciones municipales, 5.6% a las universidades, 0.3% a los congresos locales y 0.2% a las instituciones judiciales de cada entidad.
También explicaron que se podían clasificar los resultados de la ASF de acuerdo con sector, una parte de las transferencias la decide el gobierno local y lo demás tiene un fin especifico como salud, educación, seguridad, etc.
El sector salud presentó las mayores inconsistencias 9,978 millones de pesos, similar al presupuesto aprobado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el mismo año (10,939 millones). Le siguen 7,189 millones de irregularidades en las Participaciones Federales y 6,789 millones del presupuesto para el saneamiento financiero.
Esto indica, agrega MCCI, que cuando los recursos eran más necesarios para afrontar la pandemia, hubo mayores inconsistencias y, probablemente, se aprovechó la situación para desviar recursos.
Otra clasificación es por entidad, la Ciudad de México presentó mayores montos de irregularidades con un total de 7,410 millones. Le siguen Oaxaca con 4,831 millones, Nayarit con 3,302, Michoacán con 3,223, Guerrero con 3,036 y, en sexto lugar, Sonora presentó 2,480 millones en irregularidades.
Baja California Sur y Nayarit son las entidades con mayores irregularidades con alrededor de 15%. Le siguen Oaxaca y Sonora con 7% y 6% respectivamente.
Plantean que al sumar esto por partido, los doce gobiernos estatales del PRI en 2020 tuvieron 11,234 millones de pesos en inconsistencias (42% del total). Le siguen el PAN con 10,068 (37%), el PRD con 2,658 (10%) y Morena con 2,110 millones de pesos (8%).
La impunidad prevalece a la hora de las irregularidades aclaradas, puesto que la mayoría de las entidades tienen 80 % de las irregularidades sin ser aclaradas o sin devolver los recursos. Y supera esta cifra las entidades de Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Baja California, Michoacán, Guerrero, Nayarit y Sinaloa quienes alcanzan hasta el 99%.
MCCI considera que es necesario establecer mecanismos para prevenir el daño patrimonial a la Hacienda Pública.
Destacaron que del total de 63,011 millones de pesos de irregularidades que encontró la ASF en el gasto hecho en 2020, 41,396 millones corresponden al Gasto Federalizado. Significa que, 66 de cada 100 pesos de las anomalías documentadas corresponden a las aportaciones, participaciones y convenios mediante los cuales la federación transfirió recursos a los gobiernos locales.
Informaron una de las razones que demuestra este hecho es que esta categoría tuvo la mayor cantidad de auditorías (1,235 de las 1616), y que la muestra auditada fuera la segunda más grande.
Cabe señalar que los recursos transferidos de la federación a las entidades federativas se dividen entre los distintos poderes y órdenes de gobierno que hay en cada estado. De esta forma MCCI encontró que al dividir los 41,396 millones de irregularidades de las transferencias federales entre los entes auditados se puede observar que el 65% corresponde al ejecutivo de cada entidad federativa, 14.6% a los convenios de las dependencias federales, 14.2% a las administraciones municipales, 5.6% a las universidades, 0.3% a los congresos locales y 0.2% a las instituciones judiciales de cada entidad.
También explicaron que se podían clasificar los resultados de la ASF de acuerdo con sector, una parte de las transferencias la decide el gobierno local y lo demás tiene un fin especifico como salud, educación, seguridad, etc.
El sector salud presentó las mayores inconsistencias 9,978 millones de pesos, similar al presupuesto aprobado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el mismo año (10,939 millones). Le siguen 7,189 millones de irregularidades en las Participaciones Federales y 6,789 millones del presupuesto para el saneamiento financiero.
Esto indica, agrega MCCI, que cuando los recursos eran más necesarios para afrontar la pandemia, hubo mayores inconsistencias y, probablemente, se aprovechó la situación para desviar recursos.
Otra clasificación es por entidad, la Ciudad de México presentó mayores montos de irregularidades con un total de 7,410 millones. Le siguen Oaxaca con 4,831 millones, Nayarit con 3,302, Michoacán con 3,223, Guerrero con 3,036 y, en sexto lugar, Sonora presentó 2,480 millones en irregularidades.
Baja California Sur y Nayarit son las entidades con mayores irregularidades con alrededor de 15%. Le siguen Oaxaca y Sonora con 7% y 6% respectivamente.
Plantean que al sumar esto por partido, los doce gobiernos estatales del PRI en 2020 tuvieron 11,234 millones de pesos en inconsistencias (42% del total). Le siguen el PAN con 10,068 (37%), el PRD con 2,658 (10%) y Morena con 2,110 millones de pesos (8%).
La impunidad prevalece a la hora de las irregularidades aclaradas, puesto que la mayoría de las entidades tienen 80 % de las irregularidades sin ser aclaradas o sin devolver los recursos. Y supera esta cifra las entidades de Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Baja California, Michoacán, Guerrero, Nayarit y Sinaloa quienes alcanzan hasta el 99%.
MCCI considera que es necesario establecer mecanismos para prevenir el daño patrimonial a la Hacienda Pública.
