Este documento prevé una fase de negociación y consulta para solucionar la controversia, sin necesidad de evitar un arbitraje internacional.
Monterra anunció que presentaron una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz.
La empresa indicó que los daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares.
Este documento prevé una fase de negociación y consulta para solucionar la controversia, sin necesidad de evitar un arbitraje internacional.
Monterra Energy y Monterra Energy Holdings enviaron dicha notificación tras la clausura de su terminal de combustibles hace cinco meses, denucnias que con esto se está negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevé en el Anexo 14-C, con respeto a inversiones existentes como la de Monterra, la interposición de una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del TCLAN.
La terminal de Monterra es una de varias que han sido clausuradas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que impide la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.
“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados,” afirmo Arturo Vivar, CEO de Monterra a través de un comunicado.
A pesar de las intenciones de resolver la clausura, aseguran que las autoridades mexicanas no hay dado respuesta.
“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería una alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”, advirtió Vivar.
La terminal de Monterra (Servitux) obtuvo un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.
El órgano regulador en materia energética llevó a cabo varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación y en julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de avisar a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Derivado de esta inspección, las autoridades realizaron una clausura temporal sin ninguna justificación judicial y desde entonces permanece así, declaró Monterra.
“La orden de clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE”, manifestó la empresa.
Las inspecciones aun aumentado en el sector petrolero, la secretaria de Energía, Roció Nahle, argumentó que es porque hay mucho contrabando de combustible en el país, “huachicoleo fiscal”.
Finalmente, Monterra señaló que las acciones tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del gobierno, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos por compañías extranjeras, para devolverle el monopolio a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La empresa indicó que los daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares.
Este documento prevé una fase de negociación y consulta para solucionar la controversia, sin necesidad de evitar un arbitraje internacional.
Monterra Energy y Monterra Energy Holdings enviaron dicha notificación tras la clausura de su terminal de combustibles hace cinco meses, denucnias que con esto se está negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevé en el Anexo 14-C, con respeto a inversiones existentes como la de Monterra, la interposición de una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del TCLAN.
La terminal de Monterra es una de varias que han sido clausuradas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que impide la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.
“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados,” afirmo Arturo Vivar, CEO de Monterra a través de un comunicado.
A pesar de las intenciones de resolver la clausura, aseguran que las autoridades mexicanas no hay dado respuesta.
“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería una alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”, advirtió Vivar.
La terminal de Monterra (Servitux) obtuvo un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.
El órgano regulador en materia energética llevó a cabo varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación y en julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de avisar a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Derivado de esta inspección, las autoridades realizaron una clausura temporal sin ninguna justificación judicial y desde entonces permanece así, declaró Monterra.
“La orden de clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE”, manifestó la empresa.
Las inspecciones aun aumentado en el sector petrolero, la secretaria de Energía, Roció Nahle, argumentó que es porque hay mucho contrabando de combustible en el país, “huachicoleo fiscal”.
Finalmente, Monterra señaló que las acciones tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del gobierno, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos por compañías extranjeras, para devolverle el monopolio a Petróleos Mexicanos (Pemex).
