La presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, compartió el informe de los trabajos legislativos realizados por ONU Mujeres y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., en el “Diagnóstico de normas discriminatorias en el Estado de México” y resaltó que desde la LX Legislatura se hizo un análisis del marco normativo federal, estatal y municipal, por ello buscarán adecuar 16 normas en el Estado de México, como principales retos legislativos necesarios para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, conforme a los estándares nacionales e internacionales más protectores.
Explicó que entre las principales propuestas se considera modificar el tipo penal de feminicidio, el de lesiones, violencia familiar y hostigamiento sexual. Así como sancionar penalmente a servidores públicos omisos para sancionar la revictimización secundaria. Medidas de reparación para las víctimas, especialmente para niñas y niños de los delitos de feminicidio y desaparición. La actualización de huérfanos y huérfanas de mujeres víctimas de feminicidio.
A través de una sesión virtual, la diputada Karina Labastida, señaló que otras de las propuestas, es la del reconocimiento explícito de la facultad subsidiaria del Estado en la reparación integral del daño. Incorporar disposiciones que obliguen la presentación de la denuncia en casos de violencia sexual o violencia de cualquier tipo.
Para el tema educativo sentar mecanismos para la denuncia de casos de violencia familiar y sexual; para la detección de la violencia cibernética, violencia escolar y violencia en el ámbito familiar; para prevenir las desapariciones y reacción inmediata ante éstas.
Además, normas dirigidas a la capacitación de los servidores públicos de la FGJEM para evitar la revictimización de familiares víctimas de feminicidio. Reforma en materia de órdenes de protección y alerta temprana de riesgo feminicida. También la pérdida de la patria potestad respecto de las hijas y los hijos en común entre la víctima y el feminicida, a partir de la sentencia penal. Incorporar las obligaciones del personal de salud para avisar a la Fiscalía sobre la existencia de posibles hechos constitutivos de violencia familiar o sexual.
La morenista indicó que también se propuso una metodología y distintas rutas para poder enfrentar a través de acciones articuladas entre autoridades, organismos internacionales y sociedad civil. Y planteó generar una reunión de trabajo con los presidentes de las comisiones, para conformar el calendario de mesas de trabajo, que se presentará posteriormente a la Junta de Coordinación Política, para que se pueda trabajar en las iniciativas.
En otro momento, puntualizó, que en la LX Legislatura del Estado de México se presentaron y analizaron 815 Iniciativas de Ley o Decreto, y se reconoció la necesidad de modificar 16 ordenamientos, como el Código Penal del Estado de México, el Código Civil Local, la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México; la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de Víctimas del Estado de México, entre otras.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Grupos Vulnerables, Alicia Mercado, subrayó que la sociedad está despertando y está más inmiscuida en la defensa de los derechos humanos, pero hace falta mucha sensibilidad y capacitación por parte de las autoridades sobre todo aquellas que atienden en primera línea, que obligan a las madres a convertirse en investigadoras, expertas en logística, las convierten en verdaderas guerreras, por lo que el estado debe actuar de manera transversal, para que las víctimas sean protegidas.
Finalmente, la diputada de Morena, Jessica Rojas, festejó que el diagnóstico que presenta la iniciativa Spotlight es una armonización que viene muy bien a la legislatura local, es un tema que ya se tiene que trabajar en mesas y se tiene que abordar porque son temas prioritarios, que las mexiquenses tengan las herramientas jurídicas y sean visibilizadas.