No se clasificará como reservada la información de estos proyectos
La Suprema Corte de Justicia suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial que clasificó como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal, en respuesta a la controversia constitucional que interpuso el INAI, por considerar que el acuerdo vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
Es preciso mencionar que no se invalida el acuerdo presidencial en su totalidad, pues la medida cautelar solo tendrá efectos para que no se clasifique como reservada la información de estos proyectos, toda vez que uno de los ministros de la Corte planteó que sería “procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, según se expresa en el documento referente al incidente de suspensión de la controversia constitucional 217/2021
Punto para el INAI
En días pasados el pleno del Instituto Nacional de transparencia acceso a la información y Protección de Datos personales INAI apoyó la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la nación contra el llamado “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de este año, considerando vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
Los seis comisionados que estuvieron presentes en la sesión pública del INAI optaron por unanimidad instruir al director general de asuntos jurídicos interponer un recurso de control constitucional contra el acuerdo del Gobierno federal que pone en la etiqueta de seguridad nacional a las obras clave de la cuarta transformación.
Afirmaron que la información pública sólo puede reservarse por seguridad nacional con un análisis previo en cada caso y no a priori.
Además, señalaron que el acuerdo del Ejecutivo puede llevar a que se reservara información de las mega obras de manera previa y que incluso pudiera ni siquiera generarla.
Los comisionados del INAI apuntaron que La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe determinar la compatibilidad del acuerdo con la Constitución.
El acuerdo.
El pasado 22 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su Gobierno con lo cual podrá reservar información y licitar directamente.
Expertos adelantaron que la medida difundida este lunes, en la edición vespertina del DOF, es inconstitucional, como alertó el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.
“A través de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo también instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional”
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, se lee en el artículo primero del acuerdo del Diario Oficial de la Federación”.
Estado de excepción
Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad autónoma metropolitana, afirmó que, con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional.
“Además, La Ley General de transparencia y acceso a la información pública específica, en su artículo cuatro establece que la información de asuntos gubernamentales sólo puede ser
reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional”.
“Es inconstitucional, está invadiendo facultades de los diputados y de los senadores porque el presidente está legislando y él no puede legislar. El decreto además contraviene la ley de adquisiciones y la de obra pública, es evidente que es inconstitucional, pero va a haber un problema. Están invadiendo el hacia atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, para presentar una controversia constitucional la tiene que presentar el presidente de la Cámara de Diputados con la presidenta de la Cámara de Senadores y son de morena. ¿Van a presentarla? por supuesto que no”.
Andrés Manuel responde y se manifiesta ante la polémica de dicho acuerdo.
En conferencia mañanera antes el presidente López Obrador defendió su disposición argumentando que se trató de un acuerdo interno para facilitar y poder terminar las obras claves de su sexenio. Pues como ejemplos del aeropuerto Felipe Ángeles, para el que quedan cerca de 120 días de construcción, así como el tren maya, que está proyectada para el 2023.
Es preciso mencionar que no se invalida el acuerdo presidencial en su totalidad, pues la medida cautelar solo tendrá efectos para que no se clasifique como reservada la información de estos proyectos, toda vez que uno de los ministros de la Corte planteó que sería “procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, según se expresa en el documento referente al incidente de suspensión de la controversia constitucional 217/2021
Punto para el INAI
En días pasados el pleno del Instituto Nacional de transparencia acceso a la información y Protección de Datos personales INAI apoyó la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la nación contra el llamado “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de este año, considerando vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
Los seis comisionados que estuvieron presentes en la sesión pública del INAI optaron por unanimidad instruir al director general de asuntos jurídicos interponer un recurso de control constitucional contra el acuerdo del Gobierno federal que pone en la etiqueta de seguridad nacional a las obras clave de la cuarta transformación.
Afirmaron que la información pública sólo puede reservarse por seguridad nacional con un análisis previo en cada caso y no a priori.
Además, señalaron que el acuerdo del Ejecutivo puede llevar a que se reservara información de las mega obras de manera previa y que incluso pudiera ni siquiera generarla.
Los comisionados del INAI apuntaron que La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe determinar la compatibilidad del acuerdo con la Constitución.
El acuerdo.
El pasado 22 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su Gobierno con lo cual podrá reservar información y licitar directamente.
Expertos adelantaron que la medida difundida este lunes, en la edición vespertina del DOF, es inconstitucional, como alertó el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.
“A través de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo también instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional”
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, se lee en el artículo primero del acuerdo del Diario Oficial de la Federación”.
Estado de excepción
Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad autónoma metropolitana, afirmó que, con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional.
“Además, La Ley General de transparencia y acceso a la información pública específica, en su artículo cuatro establece que la información de asuntos gubernamentales sólo puede ser
reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional”.
“Es inconstitucional, está invadiendo facultades de los diputados y de los senadores porque el presidente está legislando y él no puede legislar. El decreto además contraviene la ley de adquisiciones y la de obra pública, es evidente que es inconstitucional, pero va a haber un problema. Están invadiendo el hacia atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, para presentar una controversia constitucional la tiene que presentar el presidente de la Cámara de Diputados con la presidenta de la Cámara de Senadores y son de morena. ¿Van a presentarla? por supuesto que no”.
Andrés Manuel responde y se manifiesta ante la polémica de dicho acuerdo.
En conferencia mañanera antes el presidente López Obrador defendió su disposición argumentando que se trató de un acuerdo interno para facilitar y poder terminar las obras claves de su sexenio. Pues como ejemplos del aeropuerto Felipe Ángeles, para el que quedan cerca de 120 días de construcción, así como el tren maya, que está proyectada para el 2023.
