Identificaron 12,655 millones de pesos en irregularidades, de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado y 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas.
La Unidad de Investigación Aplicada entregó recientemente un nuevo paquete de auditorías a la Cámara de Diputados sobre la Cuenta Pública de 2020. Cabe mencionar que anteriormente se realizaba una sola entrega después de 14 meses de los resultados, pero, a partir de la Cuenta Pública de 2016 la ASF dividió sus reportes en dos entregas parciales.
En esta segunda entrega identificaron 12,655 millones de pesos en irregularidades, de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado y 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas.
Las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado —es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales— concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones.
Resultados del Gasto Federalizado
Los ingresos de los estados y municipios se dividen entre los propios (impuestos, contribuciones, aportaciones a la seguridad social, derechos, productor y otros) y transferencias federales (aportaciones, participaciones, convenios y subsidios).La mayor parte procede de la federación, las aportaciones y participaciones federales representaron el 81.5% de los ingresos de estados y municipios en 2020 según los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Se determinó que en los estados y municipios hubo un posible daño patrimonial por 10,794 millones, de los cuáles sólo se han recuperado 313 millones. El Gasto Federalizado representó el 51% de la muestra auditada, lo cual significa que se identificó una mayor proporción de irregularidades en el gasto de los gobiernos locales que en otros rubros.
Para identificar y conocer mejor los detalles de las irregularidades que se encontraron en las transferencias federales es necesario dividir la Auditoría en sectores.
Otra manera de analizar el gasto federalizado es dividirlo geográficamente. De esta manera se puede conocer con mayor precisión quiénes eran los responsables de la administración local mientras se presentaron irregularidades en el uso de los recursos públicos.
Una vez identificado en qué entidades se presentaron mayores montos de usos indebidos del presupuesto, es importante considerar que cada estado recibe montos muy distintos de la federación.
Esos son los resultados de las tres auditorías:
La auditoría con mayores irregularidades es la número 169 realizada a la Universidad Autónoma de Coahuila. En dicho procedimiento se encontraron probables desvíos por 554 millones de pesos debido principalmente a que hasta el momento la UAC no ha comprobado el destino final de múltiples transferencias del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2020.
En segundo lugar, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no pudo justificar debidamente el ejercicio de 450 millones. Principalmente porque no se acreditó que el pago de servicios personales se realizará conforme a las autorizaciones de puestos, números de plazas, tabuladores, estímulos y prestaciones.
En tercer lugar, la auditoría 884 al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero sumó irregularidades por 434 millones por no acreditar el destino de las transferencias a cinco cuentas por el monto señalado.
Irregularidades en el Gobierno Federal
Entre las auditorías al Gobierno Federal, la categoría funcional que padeció mayores problemas fue el presupuesto para Desarrollo Económico. Se puede observar que las actividades de
Desarrollo Económico con mayores malversaciones corresponden a las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esta dependencia por sí sola concentra 77%. Le siguen las empresas productivas del Estado —CFE y Pemex—con anomalías por 93 millones y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social con 82 millones. Por su parte, Energía, Trabajo y Previsión Social, las entidades no sectorizadas y Economía tienen desvíos de entre cinco y diez millones de pesos.
Las dos auditorías con mayores montos de probables daños a la Hacienda Pública suman 52% de las irregularidades del rubro de Desarrollo Económico. En particular, tales investigaciones corresponden a la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
Asimismo, las dependencias con presupuesto para el Desarrollo Social tuvieron daños presupuestales por 658 millones de pesos según los datos de la segunda entrega de auditorías de 2020.
La Auditoría localizó que entre las dependencias con funciones de gobierno se realizaron ejercicios indebidos de recursos por 326 millones de pesos. En primer lugar, la Secretaría de Gobernación tiene pendiente de aclarar 143 millones. En segundo lugar, Hacienda y Crédito Público presentó irregularidades por 78 millones. Después están las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Relaciones Exteriores. Por último, el Poder Judicial tuvo anomalías por menos de 300 mil pesos.
Dentro de la segunda entrega de resultados sobre la Cuenta Pública de 2020 se dieron a conocer las conclusiones de 625 auditorías. En ellas se encontró que hasta el momento hace falta aclarar el ejercicio de 12,252 millones de pesos, particularmente entre el Gasto Federalizado que acumula el 85% de las irregularidades. Además de eso, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública por 1,848 millones en el gasto de la Administración Pública Federal.
En esta segunda entrega identificaron 12,655 millones de pesos en irregularidades, de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado y 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas.
Las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado —es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales— concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones.
Resultados del Gasto Federalizado
Los ingresos de los estados y municipios se dividen entre los propios (impuestos, contribuciones, aportaciones a la seguridad social, derechos, productor y otros) y transferencias federales (aportaciones, participaciones, convenios y subsidios).La mayor parte procede de la federación, las aportaciones y participaciones federales representaron el 81.5% de los ingresos de estados y municipios en 2020 según los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Se determinó que en los estados y municipios hubo un posible daño patrimonial por 10,794 millones, de los cuáles sólo se han recuperado 313 millones. El Gasto Federalizado representó el 51% de la muestra auditada, lo cual significa que se identificó una mayor proporción de irregularidades en el gasto de los gobiernos locales que en otros rubros.
Para identificar y conocer mejor los detalles de las irregularidades que se encontraron en las transferencias federales es necesario dividir la Auditoría en sectores.
Otra manera de analizar el gasto federalizado es dividirlo geográficamente. De esta manera se puede conocer con mayor precisión quiénes eran los responsables de la administración local mientras se presentaron irregularidades en el uso de los recursos públicos.
Una vez identificado en qué entidades se presentaron mayores montos de usos indebidos del presupuesto, es importante considerar que cada estado recibe montos muy distintos de la federación.
Esos son los resultados de las tres auditorías:
La auditoría con mayores irregularidades es la número 169 realizada a la Universidad Autónoma de Coahuila. En dicho procedimiento se encontraron probables desvíos por 554 millones de pesos debido principalmente a que hasta el momento la UAC no ha comprobado el destino final de múltiples transferencias del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2020.
En segundo lugar, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no pudo justificar debidamente el ejercicio de 450 millones. Principalmente porque no se acreditó que el pago de servicios personales se realizará conforme a las autorizaciones de puestos, números de plazas, tabuladores, estímulos y prestaciones.
En tercer lugar, la auditoría 884 al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero sumó irregularidades por 434 millones por no acreditar el destino de las transferencias a cinco cuentas por el monto señalado.
Irregularidades en el Gobierno Federal
Entre las auditorías al Gobierno Federal, la categoría funcional que padeció mayores problemas fue el presupuesto para Desarrollo Económico. Se puede observar que las actividades de
Desarrollo Económico con mayores malversaciones corresponden a las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esta dependencia por sí sola concentra 77%. Le siguen las empresas productivas del Estado —CFE y Pemex—con anomalías por 93 millones y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social con 82 millones. Por su parte, Energía, Trabajo y Previsión Social, las entidades no sectorizadas y Economía tienen desvíos de entre cinco y diez millones de pesos.
Las dos auditorías con mayores montos de probables daños a la Hacienda Pública suman 52% de las irregularidades del rubro de Desarrollo Económico. En particular, tales investigaciones corresponden a la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
Asimismo, las dependencias con presupuesto para el Desarrollo Social tuvieron daños presupuestales por 658 millones de pesos según los datos de la segunda entrega de auditorías de 2020.
La Auditoría localizó que entre las dependencias con funciones de gobierno se realizaron ejercicios indebidos de recursos por 326 millones de pesos. En primer lugar, la Secretaría de Gobernación tiene pendiente de aclarar 143 millones. En segundo lugar, Hacienda y Crédito Público presentó irregularidades por 78 millones. Después están las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Relaciones Exteriores. Por último, el Poder Judicial tuvo anomalías por menos de 300 mil pesos.
Dentro de la segunda entrega de resultados sobre la Cuenta Pública de 2020 se dieron a conocer las conclusiones de 625 auditorías. En ellas se encontró que hasta el momento hace falta aclarar el ejercicio de 12,252 millones de pesos, particularmente entre el Gasto Federalizado que acumula el 85% de las irregularidades. Además de eso, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública por 1,848 millones en el gasto de la Administración Pública Federal.
