Nuestro voto fue en contra porque atenta contra la transparencia, contra las farmacéuticas nacionales, abre la puerta a la corrupción y contribuye a una política de estado en materia de salud que ha probado ser errática.
Eliminar las licitaciones públicas vulnera el artículo 134 constitucional y hacer compras en el extranjero va a generar desabasto, precios más altos y sí se opta por comprar barato, riesgos sanitarios graves.
Hoy, la ley ya permite que excepcionalmente pueden seguirse otros procedimientos sí se demuestra que la licitación no es la vía idónea para tal efecto, con la modificación se estaría violentando este principio.
En lo que va del sexenio se ha demostrado que el desabasto de medicinas es causado por la falta de programación del Gobierno Federal, no por falta de oferta nacional. No es porque en México no se produzcan los insumos necesarios, por lo que compras discrecionales no resuelven el problema.
Se repetiría, pero a niveles muchos más graves, el problema de los medicamentos contra el cáncer en niños. Ojalá se haga una profunda reflexión.
El daño a la industria nacional sería importante e injustificado, está compuesta por 250 plantas y 600 mil trabajadores en todo el territorio mexicano.
Medicinas oportunas sí, pero con compras transparentes y sin afectar a la industria farmacéutica nacional.