Los diputados Max Agustín Correa Hernández, Benigno Martínez García y Margarito González Morales, del Grupo Parlamentario de morena, se pronunciaron en contra de los casos de presunta violación a los derechos laborales y universitarios denunciados por personal académico y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
Max Correa aseguró que mediante entrevistas con estudiantes, docentes e investigadores han recibido denuncias y conocido expedientes que ya se han presentado anteriormente a las autoridades competentes y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en los cuales se asienta que alumnos han sido maltratados física y psicológicamente, mientras que profesores e investigadores han sido hostigados, golpeados e intimidados laboralmente y despedidos por el resultado de sus investigaciones.
Dijo que universitarios denunciaron haber sido reprimidos por ejercer su derecho a la organización, por querer competir para ocupar los puestos de gobierno universitario, por hacer propuestas acerca del respeto a sus derechos universitarios, o por no subordinarse a las decisiones de las autoridades allegadas al rector.
Explicó que en las direcciones de las escuelas y facultades se despide, hostiga y atemoriza a académicos y estudiantes que no coinciden con su visión, como aconteció recientemente en las Centros Universitarios de Texcoco, Tenancingo, Nezahualcóyotl y en la Facultad de Derecho.
El legislador dijo que es reprobable que se utilice a la Rectoría de la UAEMex para restringir los principios de la universidad pública, limitar las libertades de cátedra, investigación y libre discusión de las ideas, y se permita el abuso de las y los titulares de los órganos de gobierno y académicos, dependencias académicas y administrativas de esa Universidad.
Consideró reprobable que haya indicios de triangulación de los recursos de la UAEMex hacia empresas fantasma, como se documenta en el trabajo periodístico de investigación titulado ‘La estafa maestra’, que desaparezcan las cuotas de los trabajadores para el pago de sus servicios médicos y que existan indicios de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios de la universidad.
El diputado Correa indicó que los hechos mencionados han sido denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y existen demandas interpuestas ante las autoridades competentes.
Max Correa aseguró que mediante entrevistas con estudiantes, docentes e investigadores han recibido denuncias y conocido expedientes que ya se han presentado anteriormente a las autoridades competentes y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en los cuales se asienta que alumnos han sido maltratados física y psicológicamente, mientras que profesores e investigadores han sido hostigados, golpeados e intimidados laboralmente y despedidos por el resultado de sus investigaciones.
Dijo que universitarios denunciaron haber sido reprimidos por ejercer su derecho a la organización, por querer competir para ocupar los puestos de gobierno universitario, por hacer propuestas acerca del respeto a sus derechos universitarios, o por no subordinarse a las decisiones de las autoridades allegadas al rector.
Explicó que en las direcciones de las escuelas y facultades se despide, hostiga y atemoriza a académicos y estudiantes que no coinciden con su visión, como aconteció recientemente en las Centros Universitarios de Texcoco, Tenancingo, Nezahualcóyotl y en la Facultad de Derecho.
El legislador dijo que es reprobable que se utilice a la Rectoría de la UAEMex para restringir los principios de la universidad pública, limitar las libertades de cátedra, investigación y libre discusión de las ideas, y se permita el abuso de las y los titulares de los órganos de gobierno y académicos, dependencias académicas y administrativas de esa Universidad.
Consideró reprobable que haya indicios de triangulación de los recursos de la UAEMex hacia empresas fantasma, como se documenta en el trabajo periodístico de investigación titulado ‘La estafa maestra’, que desaparezcan las cuotas de los trabajadores para el pago de sus servicios médicos y que existan indicios de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios de la universidad.
El diputado Correa indicó que los hechos mencionados han sido denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y existen demandas interpuestas ante las autoridades competentes.
