Las familias de los alumnos de nivel primaria desembolsan entre 901 y 2 mil 659 pesos para uniformes y útiles por cada menor que envíen a la escuela
De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por medio del programa Quién es Quién en los Precios, las familias de los alumnos de nivel primaria deberán desembolsar entre 901 y 2 mil 659 pesos para uniformes y útiles escolares por cada menor que envíen a la escuela.
Salta a la vista que tales cifras resultan difícilmente alcanzables para los sectores de menores ingresos. Concretamente, de acuerdo con un reciente estudio del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, 42 por ciento de la población ocupada tiene ingreso de un salario mínimo o menos (cerca de 2 mil 650 pesos mensuales), en tanto que 95 por ciento de los poco más de 50 millones de trabajadores registrados en el país tiene ingresos inferiores a cinco salarios mínimos (unos 13 mil 250 pesos).
Así, para un importante porcentaje de la población, la totalidad de su salario mensual por persona no logra cubrir el gasto en útiles y uniformes de un solo hijo. Adicionalmente han de sumarse los costos del transporte, la parte del presupuesto familiar para sufragar la alimentación y el alojamiento de los educandos.
Estas cifras ponen en cuestión nada menos que el principio de la gratuidad de la enseñanza pública y permiten entender buena parte de los rezagos y las lagunas educativas que padecen muchos estudiantes del nivel básico en el país: para un gran sector de la población, el llevar a sus hijos a la escuela representa, por más que ésta sea nominalmente gratuita, un desafío económico mayúsculo y una lucha casi heroica.
El panorama permite entender, asimismo, el dato indignante de que unos 3 millones y medio de niñas y niños, según datos recientes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, estén realizando alguna modalidad de trabajo infantil, lo que limita severamente su rendimiento escolar o, llanamente, les impide ir a la escuela.
Con información de La Jornada
Salta a la vista que tales cifras resultan difícilmente alcanzables para los sectores de menores ingresos. Concretamente, de acuerdo con un reciente estudio del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, 42 por ciento de la población ocupada tiene ingreso de un salario mínimo o menos (cerca de 2 mil 650 pesos mensuales), en tanto que 95 por ciento de los poco más de 50 millones de trabajadores registrados en el país tiene ingresos inferiores a cinco salarios mínimos (unos 13 mil 250 pesos).
Así, para un importante porcentaje de la población, la totalidad de su salario mensual por persona no logra cubrir el gasto en útiles y uniformes de un solo hijo. Adicionalmente han de sumarse los costos del transporte, la parte del presupuesto familiar para sufragar la alimentación y el alojamiento de los educandos.
Estas cifras ponen en cuestión nada menos que el principio de la gratuidad de la enseñanza pública y permiten entender buena parte de los rezagos y las lagunas educativas que padecen muchos estudiantes del nivel básico en el país: para un gran sector de la población, el llevar a sus hijos a la escuela representa, por más que ésta sea nominalmente gratuita, un desafío económico mayúsculo y una lucha casi heroica.
El panorama permite entender, asimismo, el dato indignante de que unos 3 millones y medio de niñas y niños, según datos recientes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, estén realizando alguna modalidad de trabajo infantil, lo que limita severamente su rendimiento escolar o, llanamente, les impide ir a la escuela.
Con información de La Jornada
