La falta de interés y la lentitud institucional que se observa en los diferentes niveles de gobierno, para constituir y hacer funcionar el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, así como la impunidad que campea en los casos de agresiones y atentados contra periodistas, han acumulado más víctimas.
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Con dolor e indignación se debe insistir en el tema -aunque parezca grito en el desierto- no sólo por una eventual reforma legal, sino por una exigencia a que realmente se garantice la protección a quien la necesite y se sancione a todo aquel atente contra las personas dedicadas al periodismo, que no se simule.

El 15 de enero asesinaron al periodista veracruzano José Luis Gamboa; en Tijuana el 17 de enero asesinaron a Margarito Martínez Esquivel y ahí mismo el domingo pasado a la periodista Lourdes Maldonado, quién había solicitado protección en la conferencia matutina del presidente, al sentirse amenazada tras haber demandado laboralmente al entonces gobernador de Baja California Jaime Bonilla. Ella fue ultimada a la puerta de su casa. La Protección que le brindaron, no fue suficiente.

Tres comunicadores muertos en lo que va de 2022, y 52 en lo que va del actual gobierno federal, confirman que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, pero esto parece que ya no impresiona a nadie, penosamente parece haberse diluido el impacto en medio de la impunidad prevalece también sobre tantos otros delitos y crímenes. Las condenas públicas y las expresiones de solidaridad, no sirven de mucho, la promesa de justicia si acaso un día deja de ser promesa.

Ante estos acontecimientos, la oficina de la ONU en México ha condenado los tres asesinatos de periodistas perpetrados en este temprano 2022, urgiendo a que se investiguen de manera pronta y efectiva, llama a que se redoblen esfuerzos para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y poner fin a la impunidad de esos crímenes. ¿Hará esto diferencia? Ojalá.